Por Guillermo Pérez Flórez

Abogado-periodista

El Gobierno y la oposición nos han demostrado que tienen una capacidad inmensa para agravar las cosas. Llevamos más de dos años y medio discutiendo sobre la necesidad de reformar el sistema de salud, y cada día que pasa la situación es más compleja que la víspera. Entre tanto, quienes pagan los costos de esta ineficiencia política son los usuarios.

Entre 2023 y 2024, las quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud aumentaron un 36,82 %, alcanzando un récord de 186.192 casos. Según el centro de pensamiento “Así Vamos en Salud”, en el primer cuatrimestre de 2024, el número de tutelas que buscaban la protección del derecho a la salud aumentó un 42 % en comparación con el mismo periodo de 2023.

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Por su parte, de acuerdo con el DANE, en el segundo trimestre de 2024 el gasto de los hogares en salud subió un 5,1 % frente al mismo periodo del año anterior. Todo esto indica una tendencia creciente de malestar e inconformidad con el servicio.

El Gobierno afirma que detrás de esta crisis hay una estrategia orientada a que el sistema colapse, para así responsabilizarlo. Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes, afirma que el principal factor que afecta la entrega oportuna de medicamentos es una deuda acumulada que supera los 4 billones de pesos en el sistema de salud. Sería conveniente saber cuántos años de acumulación son.

La gente hace largas filas en los dispensarios de medicamentos, y cuando les llega el turno se encuentran con que lo prescrito no está disponible. Cobran el copago, prometen enviarlo a casa, y hasta ahí la minuta. Nunca llega. La escasez de medicinas para enfermedades que van desde cáncer hasta diabetes es terrible. El presidente Gustavo Petro ha hecho una advertencia: si no se soluciona la entrega, allanará los dispensarios. La Fiscal General ha dicho que sería una medida ilegal.

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No lo tengo tan claro. Según la Constitución del 91 (que muchas personas dicen admirar, aunque les disgusta su aplicación), la propiedad (art. 58) “es una función social que implica obligaciones”. El Estado no puede ser un simple espectador, sobre todo cuando está en juego la vida de seres humanos.

Esta crisis tiene que resolverse. No más trinos, no más discursos. El Gobierno debe tomar decisiones. Dentro de un estricto acatamiento a la ley, sí, por supuesto, pero haciendo cumplir el Estado Social de Derecho. La palabra “social” no es un decorado poético. Es un concepto de organización que se basa en el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la libertad y la seguridad, cuyo objetivo es garantizar las condiciones materiales para que estos se hagan efectivos.

Triste que haya que repetir que la salud es un derecho. También se debe recordar, así no les guste a algunas personas, que el dinero manejado por las EPS es dinero público, y que son más de 90 billones de pesos al año. Los particulares pueden manejar recursos públicos, no hay problema. Ello, sin embargo, no los releva de rendir cuentas ni de hacerlo con pulcritud, eficiencia y transparencia.

Los casos de corrupción son numerosos. El artículo 365 de la C.P. declara, además, que los servicios públicos pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. Y que, en todo caso, el “Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.

En Colombia se ha vuelto costumbre privatizar las utilidades y socializar las pérdidas. Así se ha hecho con los bancos cuando han entrado en quiebra, o con empresas en tiempos de pandemia, invocando la protección de empleos o la importancia de la función que cumplen. Detestan el “papá Estado”, sin embargo, es a él a quien acuden cuando entran en dificultades. Curiosa manera de proceder.

De otra parte, hay que decir que algunos senadores no han estado a la altura de sus responsabilidades políticas. Pagarles para que simplemente archiven proyectos de ley, negando la posibilidad de que se discutan en la plenaria, no es contribuir en nada. Posiblemente, hay quienes vean en esto visos de heroicidad. No hay tal. Es solo eludir responsabilidades. Dicho en jerga popular, es “escurrir el bulto”, para que todo siga igual.

Los ciudadanos debemos estar muy atentos a lo que está sucediendo en este campo. Debemos exigir soluciones. El sistema es tan enmarañado y complejo que parece diseñado para que la gente no lo entienda y lo deje en manos de tecnócratas y empresas para su propio beneficio. Esto tiene que terminarse. Ha llegado la hora de la verdad. El tiempo se agota. Este gobierno debe dejar la casa en orden, no el rancho ardiendo, que es como estamos ahora.