Por: José Darío Prieto Sierra

Ingeniero Ambiental

La semana pasada testimoniamos un evento en Ibagué que no puede pasar inadvertido. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT, la Alcaldía de Ibagué y la Confederación de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia-COCSASCOL, organizaron, convocaron y llevaron a cabo el “Congreso Internacional de la Gestión Comunitaria del Agua”, con una participación importante de representantes y directivos de comunidades organizadas para prestar el servicio de acueducto y alcantarillado de todo el país.

Hubo invitados de Ecuador, Costa Rica y Chile, entre otros gestores de tan importante servicio. Pero lo más destacado es la actitud comprometida del Ministerio de Vivienda y de la Alcaldesa de la Ciudad Musical, para reconocer y visibilizar los esfuerzos que estas personas y organizaciones adelantan para enfrentar por sus propios medios los embates de las carencias de agua y lograr posicionarse como actores centrales para asegurar la universalidad de los servicios públicos, en especial en aquellos entornos en los que no existe oferta empresarial o estatal de tales prestaciones.      

Lo loable de este encuentro comunitario es el hecho de coincidir con la expedición y puesta en vigencia del decreto No. 0960 de 1º de septiembre de 2025, el cual establece la política pública de la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico (PGCASB) en pro de definir el marco institucional propio, el reconocimiento de las comunidades organizadas y la materialización de líneas jurídicas para configurar los instrumentos de fomento para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico.

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Según la información de la misma cartera ministerial preocupa a la fecha de hoy, que no se tienen cuantificadas y caracterizadas cuántas organizaciones de esta índole están funcionando y operando en el territorio nacional, pues a pesar de la dispersión de sistemas de información institucionales no se cuenta con una información concreta para dimensionar esta figura de prestación en el país.

Según la información del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico-SINAS que coordina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT a noviembre de 2023 tenía un registro de 16.029 organizaciones comunitarias de servicios de prestación de agua. Por su parte, el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural-SIASAR que coordina el mismo ministerio a noviembre de 2023 se contaba con 4.772 organizaciones; el Sistema Único de Información-SUI que dirige y opera la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD que legalmente tiene la competencia de recaudar la información de los prestadores de servicios públicos en el país, en abril de 2024 tenía registrada información de 1.866 organizaciones comunitarias.

Y finalmente con base en un programa del gobierno del cambio denominado “Comuniagua” a septiembre de este año, tiene un registro de 1.300 organizaciones, cuando se conoce que el territorio nacional cuenta con más de 33.000 veredas y que se supone que al menos cada una de ellas puede contar con un acueducto o instalaciones comunitarias para captar y distribuir el preciado líquido para actividades domésticas en condiciones incipientes.

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De este último registro recaudado por el programa “Comuniagua”, identificó que el 88% de esas organizaciones gestionan el agua en áreas rurales; que el 21% de ellas tienen más de 70 años de creación y funcionamiento; el 22% no cuentan con concesión de agua; el 33% cuentan con planta de tratamiento de agua; el 47% no cuentan con micromedición y lo más preocupante, que solo el 56% toman muestras de calidad de agua.  

De otra parte, ese registro que se encuentra en ejecución gracias a la sensibilidad del estamento gubernamental identificó que en el 77% de esas organizaciones comunitarias hay una participación de mujeres en la dirección del gestor comunitario; el 64% de ellas reciben algún tipo de remuneración por la labor que desempeñan y que el 26% ejercen como representantes legales del esquema de prestación.   

Estos datos iniciales dejan en evidencia la inminente necesidad de focalizar esfuerzos para fortalecer las capacidades y elementos de operación de los Gestores Comunitarios del Agua y lograr la reducción de la brecha de prestación especialmente en las zonas rurales, pues debe destacar que el decreto 0960 de 2025 corrobora en cabeza de las Alcaldías municipales, lo que la ley 142 desde 1994 les asignó. La responsabilidad de coordinar, dirigir y de prestar en adecuadas condiciones los servicios públicos básicos.

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De esta manera, se acaba la manida excusa de “… eso no está a cargo de la alcaldía o que no hay recursos para eso”. El citado decreto establece las bases para adoptar y ejecutar instrumentos tendientes a organizar en su jurisdicción, la figura de los Gestores Comunitarios del Agua con la inclusión de los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental del Programa de Fortalecimiento Comunitario que contengan metas y recursos específicos para mejorar las condiciones y capacidades de los acueductos comunitarios y veredales del país.

Por ello, Gobernadora, Alcaldes y Alcaldesas, a modificar sus planes de desarrollo y apoyar en serio estos esfuerzos comunitarios y la respectiva corporación autónoma regional no puede mirar a otro lado. Pregunta final: ¿en que estado se encuentra el censo de captadores del agua en el Tolima?