Gran preocupación entre ambientalistas y comunidad en general, ha generado el espaldarazo de los proyectos pilotos de fracking dado por el Consejo de Estado.

Con esta decisión se da vía libre en primera instancia a evaluar los proyectos en las cuencas del Magdalena Medio y Cesar – Ranchería. 

Los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) tiene ya a varias organizaciones a la espera de desarrollarlos como son ConocoPhillips, Drummond, Ecopetrol y Exxon, principalmente. 

En la providencia del Consejo de Estado informan que el marco regulatorio relacionado con la exploración comercial está suspendida, más no los proyectos pilotos. El trabajo entonces del ministerio de Minas está en el marco conceptual regulatorio donde se sustente el cuidado al medio ambiente. 

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Para la Asociación Colombiana del Petróleo esta noticia es positiva y de acuerdo a su agenda de trabajo, estarían arrancando obras civiles en los pilotos el próximo año, indicó Franciso José Lloreda, presidente de la ACP. 

Los 4 proyectos de 8 pozos en total, los más adelantados tienen ya proyectada una inversión de U$650 millones, generando 370 nuevos empleos.  Se espera que el comité evaluador interdisciplinario determine hacer el tránsito a la exploración y explotación. 

Una vez pasen a la etapa de desarrollo, dicen los estudios del ministerio, se invertirían más de 5 mil millónes de dolares, equivalente al 2% del PIB. 

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El debate está candente, en el Tolima el comité de defensa ambiental enfila ya las baterías para defender la meseta de Ibagué donde quieren realizar proyectos de esta envergadura y en la técnica convencional. 

Pero la ACP insiste en la necesidad de esta técnica por los recursos económicos que le traerían al país,  el sector representa 1,4% del PIB y cerca de 40% de las exportaciones. En materia fiscal, las regalías, impuestos y derechos económicos sumaron 11% de los ingresos corrientes de la nación en 2019.

Dice Lloreda que si “Colombia le da la espalda al fracking, el costo para el país se estima en US$ 2.994 millones durante los próximos 20 años. El gas importado tendrá un costo adicional de 45%, el servicio de energía eléctrica se incrementará en 2,8% cada año y las importaciones de crudo para las refinerías del país aumentarían en más de 40% en 10 años, posiblemente aumentando el costo de los combustibles”.