En el documento dado a conocer públicamente por el concejal Correa, lo que deja claro es que por negligencia de la administración que preside el alcalde Andrés Hurtado, está en riesgo el programa de ‘Familias en Acción’ en Ibagué.

Es tan delicada la situación, que en el documento el Director de Prosperidad Social en el Tolima advierte que si la Alcaldía de Ibagué no subsana las irregularidades que se encontraron en visita técnica realizada el pasado 2 de marzo a la Casa Social en el marco de la ruta de acompañamiento para la garantía del funcionamiento del Programa Familias en Acción, se corre el riesgo que se reduzcan, o en el peor de los casos, se congelen los giros a 18.000 familias beneficiarias de ese programa social del Gobierno Nacional.

Esto, a decir del concejal Correa sería una catástrofe social y económica para la ciudad.

Lo cierto es que en la inspección se evidenciaron graves incumplimientos y hallazgos al convenio interadministrativo 0289 del 2020 firmado entre el Gobierno Duque y la administración Ibagué Vibra.

Ante este hecho que pone de nuevo en entredicho la administración del alcalde Hurtado, el concejal Rubén Darío Correa señaló que “Esta Alcaldía está más pendiente de entregar a dedo a sus amigotes las grandes y cuestionadas licitaciones chaleco, que velar por el buen funcionamiento de los programas sociales de los más humildes”.

Agregó Correa “Que esta Alcaldía está más pendiente de los contratos millonarios a los super asesores del clan, que vincular a los 6 modestos contratistas para que manejen el programa de Familias en Acción del Gobierno Nacional que, dicho sea de paso, el último año giró en Ibagué 30.000 millones de pesos”.

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Las irregularidades

Las siguientes son las graves anomalías que encontró el Departamento de Prosperidad Social del Tolima:

1.         Personas que no tienen vínculo laboral están continuamente accediendo a información sensible de los núcleos familiares en estado de vulneración. Adicionalmente se evidencia carencia de seguridad en el manejo de usuarios y claves de acceso al Sistema de Información de Familias en Acción y una reiteración en el incumplimiento por parte del Municipio de Ibagué en la contratación del personal mínimo requerido en la Guía Operativa Modelo de Gestión, habida cuenta que, siendo requeridos como mínimo 6 funcionarios para la atención de 18.000 familias que según el último ciclo de pagos les fue programado incentivo, actualmente solo hay dos funcionarios asignados, con el agravante de que desde el primero de enero solo se cuenta con estas dos personas.

2.         Se evidencia una extemporaneidad en el procesamiento o errores de procedimiento, que a la fecha NO han sido cargadas en el Sistema de Familias en Acción.

3.         Se configuró una falta en el seguimiento, monitoreo y control de la información, trazabilidad, segregación de responsabilidades y delegación de tareas ya que no fue posible determinar la cantidad de solicitudes que se han dejado de tramitar por la falta de revisión de las 10 cuentas de correo electrónico socializadas con la comunidad, de manera que al revisar las 3 cuentas a las que fue posible ingresar, ya que en 5 de ellas las claves suministradas no permitieron el acceso, se evidencia que en todas hay centenares de derechos de petición que no se han tramitado.

4.         Adicional a las observaciones particulares encontradas en cada cuenta de correo electrónico, se evidenció que no hay seguimiento ni control alguno, a las peticiones recibidas a través de correo electrónico, que es el único medio a través del cual se tramitan este tipo de novedades, como quiera que, por medidas tomadas por la Administración Municipal, la Casa Social no tiene atención presencial.

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5.         En este sentido, es igual de grave que existiendo 10 cuentas de correo entregadas a la ciudadanía para la recepción y trámite de novedades en el sistema de información, solo sean revisadas 3 de ellas y 5 cuentas se encuentran inaccesibles por cuanto los funcionarios que las manejaban, cambiaron claves y no informaron a la persona encargada, tampoco se las solicitaron, evidenciándose de esta manera falencia importante en el protocolo de entrega del cargo al terminar el vínculo laboral.

Es claro que las observaciones halladas tipifican una falta grave para la Administración Municipal, que es expresada en el informe y oficio remisorio del primer requerimiento por parte del Departamento de la Prosperidad Social Regional Tolima, en los siguientes términos:

“La operación del programa se encuentra en estado crítico, por lo tanto se solicita a la Administración Municipal la subsanación de fondo a las inconsistencias presentadas, antes de dar continuidad con las reuniones con las madres líderes en los barrios, comunas y veredas de Ibagué, ya que se está llevando un mensaje que es difuso e inconsecuente, debido a que es evidente que NO hay capacidad operativa de gestión por parte de la Administración Municipal para atender las novedades que han sido remitidas”.