La veeduría VAP,I que preside el ingeniero Luis Fernando Díaz Cabrera le dice de manera categórica a la recién posesionada secretaria de Salud de Ibagué, Martha Liliana Ospina que su trabajo hoy “debería de extenderse a asuntos aún más urgentes y de un impacto mucho mayor, para la salud pública, en lo cual y durante años, la presencia y diligencia de la autoridad sanitaria brilla con luz propia por su ausencia”. 

Este asunto urgente que menciona VAPI, tiene que ver con la calidad del agua que en la actualidad consume un vasto sector de la capital tolimense. En ese sentido, esta veeduría cita informe de la Contraloría General que indica “que algo más de 100 mil ciudadanos, a diario se ven sometidos, por la omisión de la autoridad sanitaria, a tener que consumir en sus viviendas agua “Inviable Sanitariamente”.

Entonces, VAPI afirma que esta situación “raya en lo criminal, pues a diario, no solo se está atentando contra la salud de estos ciudadanos, sino que se expone a la ciudad entera a brotes epidemiológicos de inusitadas consecuencias, lo cual es especialmente inquietante en tiempos de pandemias”.

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Refiere la veeduría VAPI que autoridad sanitaria, en este caso la Secretaría de Salud, “se ha limitado, por los años de los años, a realizar análisis de laboratorio de la calidad del agua que suministran los Acueductos Comunitarios Urbanos de la ciudad, lo cual resulta bastante inoficioso* y hasta podría ser un detrimento patrimonial, ya que los resultados siempre son los mismos: Agua no apta para el consumo humano”. 

No obstante, agrega VAPI, “de manera omisiva y hasta cómplice, las autoridades con competencias y responsabilidades frente al tema, no toman ninguna decisión al respecto, se limitan a informar que se está atentando contra la salud pública, y basta”. 

Las preguntas puntuales

La veeduría VAPI en su sentida manifestación que le hace a la Secretaría de Salud plantea la ausencia de viviendas dignas que cuenten con agua potable y alcantarillado.

En observación a esa penosa situación habla de “Un puñado de acueductos comunitarios, graduados por la administración municipal como prestadores del servicio público de acueducto, y después abandonados a su suerte, a diario atentan contra la salud de decenas de miles de ciudadanos, por lo que reclamamos para ellos, la misma atención y desvelo, que la autoridad sanitaria municipal le prodiga a marginales comerciantes”.

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Ante esto, VAPI se pregunta:

• ¿Cuándo el complejo residencial Arboleda del Campestre va a contar con agua apta para el consumo humano y de manera continua?

• ¿Cuándo la urbanización Altos de Miramar va a recibir agua potable?

• ¿Cuándo los habitantes de Alminar Samoa y el sector El Triunfo del barrio Ambalá, van a contar con un acueducto que dignifique a sus familias?

• Cuándo las comunidades que tienen que consumir agua no apta para el consumo humano de los más de 34 acueductos comunitarios, ¿serán objeto de atención por parte de la Secretaría de Salud de Ibagué?

• Hasta cuándo, la administración municipal seguirá permitiendo que se construyan viviendas sin garantía de los servicios de acueducto y alcantarillado, ¿tal y como sucede actualmente?

En ese orden, VAPI, resalta  que así como la Secretaría de Salud actúa con diligente preocupación “en procura de salvaguardar la salud pública de los ibaguereños, imponiendo sanciones, sellando gastrobares y suspendiendo residencias de mala muerte, lo cual está bien, debido al funcionamiento insalubre de estos negocios.…también, por cuanto lo que está en juego es ni más ni menos que el derecho fundamental a la igualdad, dedíquese a atender los asuntos estructurales y muy graves de la salud pública de la ciudad como es la calidad del agua”.