No cabe duda de que se trata de un abuso de poder. Es como decir: “Soy senador y qué, puedo hacer lo que quiera”.

Se da en todos los rincones del departamento y, por supuesto, del país, pero en Ibagué la llegada de la contienda electoral es a otro precio: no solo trae propuestas, sino una invasión estética y legal que asfixia a los ciudadanos.

El caso del senador y candidato a la reelección Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, es el ejemplo perfecto de la desconexión entre el discurso de “orden y legalidad” y la práctica del “todo vale” por un voto.

La reglamentación del Consejo Nacional Electoral (CNE) es clara: para ciudades con una población como la de Ibagué, el tope máximo permitido es de 8 vallas por partido político. Sin embargo, basta con recorrer las principales avenidas de la capital musical para notar que un solo candidato, el señor Miguel Ángel Barreto, ha superado por sí mismo la cuota que le correspondería a toda su colectividad. Solo entre la avenida Mirolindo, la Guabinal y la glorieta del puente del Éxito, hay 6 vallas.

La gravedad de este hecho no radica únicamente en la contaminación visual o en la ventaja injusta frente a otros candidatos. El problema de fondo es ético y pedagógico, pues hay una doble moral legislativa: como actual senador, Miguel Ángel Barreto es congresista. Su función es crear, modificar y velar por el cumplimiento de las leyes. Al violar los topes de publicidad, envía un mensaje nefasto: “las leyes son para los demás, no para quienes las hacen”.

Ignorar las resoluciones del CNE es un acto de soberbia política que socava la confianza en las instituciones. Es desprecio por la autoridad. Hay que decirle al senador Miguel Ángel Barreto que, además de violar la norma, la saturación de vallas, pasacalles y pendones es una forma de violencia visual que ignora el bienestar común en favor del ego electoral.

Si un candidato no es capaz de respetar un reglamento tan básico como el número de vallas en una ciudad, ¿cómo podemos confiar en que respetará los límites del poder en el Congreso? La ciudadanía no puede seguir siendo espectadora pasiva de cómo se empapela la ciudad con el dinero de las campañas, mientras se pisotea la norma.

Ciertamente, el ciudadano de a pie, el común y corriente, el inerme, solo esperaría la actuación de las autoridades. Existe, por ejemplo, un Comité Departamental de Seguimiento Electoral. Sería interesante que se pronunciara sobre este caso específico y que exija a quienes tienen competencia evitar este tipo de abusos.

La ley no puede ser una sugerencia, y mucho menos para quienes aspiran a representar a la ciudadanía.

• Henry Rengifo Hernández