Inicialmente, se había acordado entregarles a los profesores de planta que asumieron las direcciones de programa, un estímulo correspondiente al 0,5 del salario mínimo mensual vigente, sin embargo, la promesa liderada por el rector Ómar Mejía, quedó en veremos. Muchos consideran que les hicieron ‘conejo’ a los docentes que se atrevieron a postularse en los cargos administrativos.

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Otras de las propuestas que se hundió fue la modificación de la jornada laboral en la institución. El Consejo pretendía aumentar a 44 horas semanales de trabajo, derogando el acuerdo No. 0030 del 3 de agosto de 1998, por medio el cual se estableció una jornada mínima de 40 horas semanales para el sector de empleados públicos administrativos.

No obstante, la modificación no prosperó debido a que al parecer era violatoria de las normas y se tendría que discutir primeramente ante la convención de acuerdos colectivos.

Finalmente, la supresión de nueve cargos del nivel profesional grado 15 y 17, también reculó, seguramente después de la advertencia del abogado Wilson Leal, en donde aseguró que las supresiones de cualquier índole, en ausencia de estudios concluidos que soporten estas determinaciones, originaría un grave riesgo jurídico para la universidad.

Lo que genera dudas, es que todos estos proyectos de acuerdo tienen el visto bueno de Adriana del Pilar León García, asesora jurídica del alma mater.

De otra parte, El Cronista.co conoció que varios P18 despedidos hace algunas semanas por la llamada reforma profunda, se han reunido en los últimos días con reconocidos juristas del país, entre ellos, con Wilson Leal, quien ya prepara acciones judiciales contra la institución que suprimió los 31 cargos bajo recomendaciones preliminares y no definitivas de la Universidad del Valle.

Adicionalmente, han consultado a ex magistrados del Consejo de Estado y Corte Constitucional quienes recomendaron que los casos sean puestos en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, para denunciar persecución sindical, masacre laboral, entre otras determinaciones que han violado derechos de los trabajadores.

Todo parece indicar que antes de empezar la sesión del Consejo Superior de ayer, los consejeros fueron advertidos que si aprobaban dichos acuerdos estarían cometiendo una ‘leguleyada’, con consecuencias sumamente graves.

A esto se le suma que varios consejeros han adelantado de manera secreta sus propias consultas jurídicas con abogados de confianza, porque tienen la sensación de que no existe un fuerte soporte jurídico en los actos que se llevan al Superior, pues se percibe demasiada prisa en ejecutarlos. La situación podría dejarlos en riesgos de demandas por repetición y expuestos a sanciones más adelante, en razón a que se estaría abriendo una brecha financiera más profunda en el mediano plazo a las delicadas finanzas de la UT con decisiones administrativas apresuradas, que no tendría sentido alguno, porque podría salir peor el remedio que la enfermedad.