Las representantes Delcy Isaza y Cathy Juvinao, junto con el senador Santiago Barreto, radicaron una iniciativa que pretende acelerar el cobro de estas obligaciones y evitar que quienes deben responder económicamente por sus hijos puedan dilatar los procesos durante meses o incluso años.

Según los congresistas, actualmente estos procesos pueden tardar hasta 500 días en resolverse y acumular deudas que, en promedio, llegan a 22 millones de pesos.

La propuesta retoma una iniciativa de la exsenadora Angélica Lozano y plantea crear el Proceso Único Especial de Amparo Alimentario, un mecanismo similar a la acción de tutela para reclamar judicialmente el pago cuando el deudor acumule tres cuotas mensuales consecutivas o seis incumplidas de manera discontinua.

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La apuesta es reducir drásticamente los tiempos. Una vez presentada la demanda, el juez tendría 48 horas para admitirla y, después de recibir las pruebas, un máximo de cinco días hábiles para decidir. Si ordena el pago, el deudor tendría otros cinco días hábiles para ponerse al día.

El proyecto también busca evitar que los responsables escondan o transfieran sus bienes para esquivar la obligación. Por eso, desde la admisión de la demanda, el juez podría decretar medidas cautelares, incluidos embargos.

Una deuda que también tiene rostro de mujer

La iniciativa pone especial atención en el impacto que el incumplimiento tiene sobre las mujeres cuidadoras y los hogares monoparentales.

Delcy Isaza señaló que el 92 % de los procesos por inasistencia alimentaria son promovidos por mujeres, frente al 8 % iniciado por hombres, una diferencia que, según la congresista, evidencia una brecha de género y una forma persistente de violencia económica.

 “Actualmente, ellas promueven el 92 % de los procesos por inasistencia alimentaria, frente al 8 % iniciado por hombres”, sostuvo Isaza.

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Cathy Juvinao, por su parte, cuestionó que las madres tengan que pasar meses o años reclamando recursos que deberían llegar oportunamente para garantizar las necesidades básicas de sus hijos. “Para una mujer es una tortura no recibir lo que el padre tiene la obligación de pagar”, afirmó.

La congresista advirtió que el incumplimiento termina afectando directamente a los niños, niñas y adolescentes, quienes pueden quedarse sin recursos suficientes para comer, estudiar, vestirse o incluso acceder a internet.

Aunque la mayoría de los casos involucra a madres cuidadoras, el mecanismo propuesto no estaría limitado a ellas. Podría ser utilizado por cualquier persona que tenga a su cargo a niños, niñas o adolescentes y enfrente el incumplimiento de una obligación alimentaria.

Con la radicación, la iniciativa vuelve al Congreso con una apuesta clara: que deber la cuota alimentaria no se convierta en un proceso judicial interminable y que los niños sean quienes terminen pagando las consecuencias del incumplimiento de los adultos.