La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Ibagué (PSMV). Esto, luego de las irregularidades denunciadas y expuestas por la Veeduría Agua Para Ibagué (Vapi).

El ente de control inició una acción preventiva de seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos de Ibagué. El plan consiste en pedir que la Alcaldía de Ibagué y el IBAL cumplan con determinadas medidas que lleven a un mejor manejo de las aguas residuales, especialmente de los acueductos comunitarios.

"La Procuraduría ha tenido conocimiento, sobre la problemática relacionada con los vertimientos de aguas residuales que actualmente se presenta en el municipio de Ibagué, pues de ello dan cuenta múltiples quejas de la comunidad afectada por contaminación, ineficiente prestación del servicio público de acueducto, colapso en las redes de alcantarillado, entre otras", reza el documento al cual accedió El Cronista.co. 

Dicho documento señala que los acueductos comunitarios de la ciudad presentan irregularidades en el manejo de sus aguas residuales. Por tanto, el plan de acción preventiva le pide a la Alcaldía y el IBAL definir la importancia de las plantas de tratamiento de aguas residuales para contrarrestar los efectos de la contaminación por aguas negras, y demás vertimientos de materiales contaminantes.

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"Señala además el informe que los acueductos comunitarios no tienen permisos ni trámites con relación al manejo y tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas del abastecimiento de los acueductos, pero que aún así expiden disponibilidades de servicios hidrosanitarios, que son avaladas en las curadurías para el trámite de las licencias de construcción", se lee en el documento.

Asimismo, la Procuraduría pide establecer cuáles acueductos comunitarios cumplen con el pago de la Tasa Retributiva por Vertimientos (VTR). A la par, se deberá indicar las sanciones que Cortolima ha impuesto a los acueductos que presentan irregularidades en el manejo de aguas residuales.

A la Alcaldía, el IBAL y Cortolima, la Procuraduría también les pidió que, "acorde con sus competencias, en el evento de no haberlas iniciado, se promuevan acciones administrativas y judiciales correspondientes frente a los acueductos comunitarios de Ibagué, urbanos y rurales, a efecto que por parte de los mismos se cumpla la normatividad citada en esta providencia, se adelanten acciones para construir y poner en funcionamiento las plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)".

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Finalmente, las entidades en mención deberán entregar un informe detallado de la información solicitada y de las acciones que piensan tomar en contra de los acueductos comunitarios, la cuales, al parecer, han pasado por alto durante años.