La administración del alcalde Andrés Hurtado continúa bajo la lupa de los entes de control, por irregularidades en los procesos contractuales. Se volvió frecuente que los órganos de control investiguen a Hurtado y sus funcionarios, aunque, por ahora, sin ofrecer resultados. 

Ahora, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), por varias irregularidades en la construcción del 'tanque de la Fiscalía', que hace parte del proyecto ‘Acueducto Complementario’. 

La Procuraduría indaga el robo acero de cimentación, que fue utilizado en las primeras obras del tanque, las cuales fueron suspendidas en el 2019. El robo, que habría ascendido a los $357 millones, fue denunciado por la Veeduría Agua Para Ibagué (Vapi), en El Cronista.co.

La entidad también investiga que, el pasado mes de abril, el nuevo contrato para construir el tanque, fue adjudicado por $7.400 millones al 'Consorcio Zona Industrial 2023', integrado por contratistas que ya habían incumplido otras obras del Acueducto Complementario. 

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Además, al parecer hubo inconsistencias durante el proceso de licitación pública. "El proponente ‘Consorcio Aqua Sol’ no pudo presentar su oferta financiera por problemas de la plataforma, y la Entidad se habría negado a ampliar el plazo para entregar las propuestas", indicó la entidad. 

Y agregó que: "También indaga las inconformidades señaladas en la nota de prensa con respecto a la presunta inexistencia de garantía de calidad del tanque y a los materiales con los que fue elaborado, por cuanto fue adquirido hace años y no hay certeza de su funcionalidad".

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Finalmente, la Procuraduría busca esclarecer el presunto detrimento patrimonial por el costo de almacenamiento del tanque durante siete años, estimado en $ 504 millones de pesos, y la probable omisión de responder las inquietudes planteadas por Vapi.