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Presidente de la JEP denuncia estrategia para “asfixiar” su funcionamiento
Alejandro Ramelli Arteaga denunció que se trata de una estrategia para generar una "paralisis total" en el funcionamiento de la justicia transicional.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli Arteaga, denunció la existencia de una estrategia que, según afirmó, busca impedir el funcionamiento de la justicia transicional mediante el recorte de sus recursos y cambios a su autonomía judicial.
Ramelli se refirió a la propuesta del senador Enrique Gómez Martínez de trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. Según el magistrado, esta iniciativa, respaldada mediante un mensaje por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afectaría directamente el cumplimiento de las funciones de la Jurisdicción.
“Se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP”, afirmó Ramelli.
El presidente de la Jurisdicción hizo además un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga frente a lo que calificó como una iniciativa de “desmantelamiento financiero” y pidió que se garanticen los recursos indispensables para la operación del tribunal.
Ramelli reconoció la crisis fiscal que atraviesa la Rama Judicial, pero sostuvo que esta no puede resolverse a costa de la JEP, pues, a su juicio, se pondrían en riesgo las garantías de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes.
La denuncia se produce mientras en la Comisión Primera del Senado avanza otra iniciativa que busca establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, sobre las sentencias de la JEP relacionadas con miembros de la Fuerza Pública.
Para la Jurisdicción, ambas iniciativas representan una combinación de presión financiera y cuestionamientos a su autonomía judicial. En comunicado de la JEP anunciaron que la situación será puesta en conocimiento de organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
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