Sin iniciar las obras, los contratistas del puente elevado de la carrera Quinta con calle 60 en Ibagué, recibirán un importante anticipo del 30 % del valor total del contrato por $40.000 millones. En las próximas horas el Consorcio Puente Carrera Quinta recibirá el primer anticipo por $12.000 millones.

El consorcio es representado legalmente por Roberto José Gutiérrez Danies, quien tiene una participación del 80 % con sus empresas BGDSA SAS y  Mineros e Ingenieros SAS. Lo acompañan Olaguer Agudelo Prieto (10 %) y Megaobras Infraestructura SAS (10 %). 

Según lo establecen los pliegos definitivos del proyecto, el contratista recibirá el anticipo, lo que genera preocupación entre ciudadanos y veedores. Principalmente, por los incumplimientos de Roberto José Gutiérrez y Olaguer Agudelo en otras obras que ejecutan en departamentos como Córdoba y Huila.

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En otros contratos las entidades del Estado suelen pagar por metas o porcentajes de ejecución cumplidos, para prevenir casos de posible corrupción. Por eso eligen contratistas con la capacidad financiera para empezar las obras con recursos propios. No es el caso de Ibagué en esta oportunidad.

Solicitud de revocatoria

El ciudadano Francisco Javier Vergara Caicedo, desde el pasado 6 de marzo, radicó ante la Procuraduría Provincial de Ibagué un recurso de revocatoria a la licitación del proyecto. 

Vergara denunció varias irregularidades en el proceso licitatorio. Entre ellas, la publicación a última hora de información fundamental para que los interesados en presentarse a la licitación pudieran construir a tiempo sus propuestas. 

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Por ejemplo, la información completa de los estudios y diseños del proyecto, solo fue colgada hasta el 28 de febrero. Es decir, 18 días después de abierta la licitación y a tan solo tres de cerrar. Por lo cual el ciudadano teme un presunto direccionamiento en el proceso y, por tanto, una violación al principio de pluralidad. 

Sin embargo, la Alcaldía de Ibagué adjudicó el pasado viernes 17 de marzo el contrato para el puente elevado de la calle 60. La Alcaldía hizo caso omiso al recurso de revocatoria que todavía cursa en la Procuraduría. 

Entretanto, avanza el proceso de legalización del contrato y licitación de la interventoría para el proyecto. Con turnos de trabajo diurnos y nocturnos el contratista debería terminar el proyecto en un plazo de ocho meses.