El Ministerio de Educación Nacional ha desplegado una ofensiva de inspección y vigilancia en el departamento del Tolima tras recibir graves denuncias sobre el presunto uso de instituciones de educación superior con fines electorales. La Subdirección de Inspección y Vigilancia será la encargada de adelantar visitas técnicas para recepcionar formalmente las quejas de la comunidad académica y verificar si se ha vulnerado la normatividad vigente. Esta medida busca asegurar que los claustros mantengan estrictamente su carácter pedagógico y no se conviertan en plataformas políticas.

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El foco de la controversia se centra especialmente en el Conservatorio del Tolima, donde la comunidad estudiantil estalló en críticas tras un acto proselitista del candidato Abelardo De la Espriella en la emblemática Sala Alberto Castilla. El malestar aumentó debido a la participación del rector, James Fernández, quien acompañó al piano al aspirante presidencial. Para los estudiantes, liderados por el representante Juan José Rojas, este gesto representa un respaldo implícito y un uso indebido del patrimonio cultural, contrastando con las carencias de infraestructura que padece el estudiantado para sus clases diarias. Esto motivó a colectivos como el Consejo Departamental de Música del Tolima, entre otros, a exigir neutralidad institucional y respeto por un espacio consagrado como patrimonio musical de la nación.

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Bajo el amparo de la Ley 1740 de 2014, el cronograma de visitas iniciará en el ITFIP los días 24 y 25 de febrero de 2026, seguido por la Universidad de Ibagué el 26 y 27 del mismo mes. Posteriormente, la comisión se trasladará al Conservatorio del Tolima el 3 y 4 de marzo, finalizando su recorrido en la Universidad del Tolima los días 5 y 6 de marzo. Las rectorías ya han sido notificadas y deberán disponer de la logística necesaria para que los funcionarios del Ministerio realicen la recolección de pruebas y testimonios de manera adecuada.

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Con estas acciones, el Ministerio reitera su compromiso con la protección del sistema de educación superior frente a cualquier manejo irregular de recursos o escenarios académicos. El Ministerio enfatizó que, si bien se respeta la autonomía universitaria, es imperativo garantizar la imparcialidad del Estado y el principio de igualdad en la contienda electoral. Corresponderá ahora a las autoridades competentes determinar si las acciones de las directivas configuran responsabilidades disciplinarias que afecten la integridad de estas instituciones.