El reciente y devastador balance del terremoto del pasado 10 de agosto en el país, que cobró la vida de 331 personas, dejó 4.439 heridos, 240 desaparecidos, 178.515 viviendas averiadas y 31.613 destruidas, además de más de 6.400 edificios afectados o colapsados, ha reavivado las alarmas sobre la preparación de las regiones ante un evento de gran magnitud.

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En medio de este panorama, la Veeduría de Control Urbano de Ibagué (VEECU) ha emitido un fuerte pronunciamiento público en el que tilda de “aterradora” e “indiferente” la postura de las autoridades locales, la academia y los profesionales de la construcción frente a la vulnerabilidad estructural que afronta la capital tolimense. 

Un riesgo geológico ignorado

A pesar de que el departamento del Tolima y su capital Ibagué no registraron afectaciones severas durante los terremotos de Armenia en 1999 ni en el reciente evento del pasado 10 de agosto, la VEECU advirtió que la región no está exenta de sufrir una catástrofe de grandes proporciones. La alerta se fundamenta en las condiciones geológicas complejas de la ciudad y en la baja calidad técnica de sus construcciones. 

En el documento de VEECU se relaciona que el municipio de Ibagué se encuentra atravesado por una red de fallas geológicas. Su suelo no es homogéneo y posee sectores delimitados con niveles de riesgo bajo, medio y alto. Esta realidad quedó formalmente demostrada en el Estudio de Microzonificación Sísmica elaborado en el año 2020 por la Universidad de los Andes.  Sin embargo, la veeduría denuncia que las autoridades municipales persisten en aplicar la norma Sismo Resistente (NSR-10) de manera errónea, asumiendo una falsa homogeneidad sísmica en todo el territorio.

Asimismo, cuestionan por qué las dos últimas administraciones municipales han omitido adoptar formalmente dicho estudio mediante un Acuerdo Municipal. “¿A quiénes les conviene esta falta de gestión?”, cuestiona el pronunciamiento. 

       Cifras y alertas sobre Ibagué (VEECU)

• Construcciones informales: Más del 80% no poseen estructura sismorresistente.

 • Altura crítica: Edificaciones informales de hasta 5 pisos en propiedad horizontal.

 • Normativa en mora: Estudio de Microzonificación Sísmica de 2020 no adoptado.

 • Vacío gremial: Ausencia de una asociación de ingenieros estructurales en el Tolima.

Informalidad sin control y alteraciones en obra

La situación en los barrios de Ibagué es crítica. La VEECU señala que más del 80% de las construcciones en el municipio son informales y carecen de diseño sismorresistente. En muchos puntos se han levantado estructuras de hasta cinco pisos sobre terrenos sin la capacidad portante adecuada y empleando sistemas constructivos totalmente deficientes. 

Esta proliferación de la informalidad ha sido permitida por la falta de un control urbano efectivo por parte de la Alcaldía y de la Policía Nacional. A esto se suma la ausencia de voluntad política y de directrices claras para vincular personal capacitado que supervise el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas en las licencias.

Adicionalmente, la veeduría expuso una práctica recurrente y riesgosa entre algunos profesionales: el uso de la firma del diseñador estructural (calculista o geotecnista) únicamente para el trámite de planos y memorias de cálculo ante las curadurías. Al momento de ejecutar la obra, los diseños arquitectónicos y estructurales son alterados en el terreno. Esto demuestra, según la VEECU, que el simple hecho de que una edificación cuente con licencia de construcción no garantiza su calidad ni su seguridad. 

Desarticulación gremial y falta de ética

El pronunciamiento también pone en evidencia la falta de organización técnica en el departamento, señalando que en el Tolima no existe una asociación especializada de ingenieros estructurales y geotecnistas. Por esta razón, insta a la Sociedad Tolimense de Ingenieros a asumir el liderazgo y articular a estos profesionales para poner sus conocimientos al servicio de la comunidad. 

En el ámbito social, la veeduría remarcó que la sismorresistencia no debe ser un lujo. Solicitó a la administración municipal, gremios como Camacol, universidades y curadurías urbanas estructurar mecanismos para que las familias de bajos recursos económicos puedan acceder a la asesoría técnica de ingenieros y arquitectos. 

Un llamado urgente a preservar la vida

La Veeduría de Control Urbano concluyó responsabilizando directamente a la autoridad municipal por el desorden en el desarrollo constructivo de Ibagué, advirtiendo que deberá responder por las vidas que se llegasen a perder en el colapso de edificaciones ante un eventual sismo. 

En su llamado final, la VEECU hizo una convocatoria a cuatro sectores clave:

A las autoridades y la Policía: a ejercer el control urbano con absoluto rigor.

A los ingenieros y arquitectos: a apersonarse de la ejecución real de sus obras y no solo del firmado de documentos.

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A la academia: a formar profesionales con ética, enfocados en la seguridad de la infraestructura

A la ciudadanía: a concientizarse de que construir no es simplemente “levantar paredes y poner un techo”, sino que el fin supremo de la construcción debe ser siempre preservar la vida.