La polémica por la elección del nuevo rector de la Universidad del Tolima, apenas comienza. Tras conocerse que la hoja de vida del actual rector Omar Mejía Patiño fue la única que cumplía los requisitos, salen a la luz graves inconsistencias jurídicas.

En el acta se lee que los demás candidatos fueron rechazados por incumplir "el numeral 3 del enciso 3 del artículo 2.2.2.3 del decreto 1085 del 2015". Sin embargo, este decreto nada tiene que ver con el proceso. Así lo reveló a El Cronista.co un abogado especialista en derecho administrativo, quien pidió reserva de su identidad.

"Hacen mención al decreto 1085 del 2015, y cuando uno lo revisa, es un decreto del sector administrativo del deporte del Gobierno Nacional. Esa es la primera falla. Podría ser un error de digitalización, porque el decreto que viene a regir este proceso de elección de nuevo rector es el 1083 del 2015", indicó el abogado.

No obstante, el profesional del derecho reveló que el artículo que cita la Universidad del Tolima, el 2.2.2.3, tampoco existe en el decreto 1083.

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"Cualquier ciudadano puede en este momento solicitar la nulidad de esa acta, pues existe una de las causales de nulidad, que es fundar una decisión en normas que nada tienen que ver con el proceso. Incluso asumiendo que fue un error de digitalización, en el decreto 1083 tampoco existe el artículo que citan", enfatizó.

Efectivamente, al revisar el decreto 1083, se puede constatar que el artículo 2.2.2.3 no aparece. Y, con base en el mismo, fue que se rechazó las hojas de vida de los contrincantes del rector Mejía.

"Cualquiera de los otros aspirantes pueda interponer una acción de tutela pidiendo la suspensión provisional del proceso. Se está violando el debido proceso y al citar normas inexistentes, se les está negando la posibilidad de conocer los motivos de fondo por los cuales no fueron admitidos", afirmó.

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El abogado aclara que es posible que los aspirantes en realidad no cumplan los requisitos, pero, deben citar las verdaderas normas que así lo demuestran.

"Eso lo que puede hacer es entorpecer el proceso. Se debería suspender hasta que se subsane todo esto, que hace quedar mal a la universidad. Esto no es transparente porque se está tomando una decisión con base en normatividad que no es aplicable. Eso es una violación a un principio del derecho", recalcó.

Según él, la Universidad del Tolima debería reconocer su error y hacer una adenda modificatoria al acta. Después, suspender el proceso de convocatoria pública mientras se aclaran estos puntos.