Independientemente de los intereses políticos y personales que pueda tener el concejal Rubén Darío Correa para hacer sus denuncias y cuestionamientos a la administración local, es innegable que los problemas que pone sobre la mesa, nos atañen a todos los ibaguereños y al futuro de la capital   del Tolima. 

En este sentido, vamos a referirnos a dos hechos puntuales que trató el concejal del ADA en los últimos días: la urbanización de la cuenca del río Combeima, el principal afluente que surte al acueducto de Ibagué, y los escandalosos sobrecostos en la contratación de la Administración Municipal a cargo del polémico y cuestionado alcalde Andrés Fabián Hurtado en las diferentes obras que realiza su administración. 

En primer lugar, son palmarias las pruebas que exhibe Correa cuando se refiere a la construcción de verdaderas mansiones que se están construyendo en la cuenca del río Combeima, una zona protegida donde por ley y normas municipales es prohibida la construcción de este tipo de edificaciones, donde algunas de ellas, tienen una carga de más de mil toneladas de peso, que se convierten en verdaderas bombas para la estabilidad y conservación de la frágil cuenca que produce el agua que consumen cerca de 600 mil habitantes de la Ciudad Musical de Colombia. 

El proceso de urbanización de esta cuenca no es un problema menor. De allí depende el suministro de agua para la ciudad y para los cultivos de la meseta de Ibagué, y como se sabe, el precioso líquido es generado en más de un 80 por ciento, en la cuenca media del río Combeima, precisamente el sector que se está poblando con pequeñas, medianas y grandes construcciones, sin que ninguna autoridad haga cumplir le ley y normas que prohíben este tipo de edificaciones en este lugar por tratarse de zonas de reserva para proteger el agua que consumen los ibaguereños. 

Infortunadamente, la actual administración municipal, especialmente la secretaría de Planeación, y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), no solo pasan de agache ante esta grave situación, sino que tampoco toman ninguna medida sancionatoria contra los infractores. Con su conducta permisiva y sospechosa, permiten que se atente y se destruyan áreas protegidas como de reserva natural y forestal, indispensables para la subsistencia de miles de habitantes de Ibagué. Sin olvidar que el IBAL también tiene responsabilidad en esta situación por guardar cómplice silencio frente a la situación que se está presentando. 

Cortolima se olvidó  que esta es una zona para proteger y comprar predios para conservar la producción de agua, sino que permite que la irresponsabilidad de inescrupulosos ciudadanos acaben con la flora, la fauna y el agua; mientras Planeación Municipal, permite que se violen todas las normas urbanísticas de la ciudad sin decir nada. 

Y ahora que la directora de Cortolima no vaya a responsabilizar de la actual situación a los anteriores directores de la autoridad ambiental. Por eso, y mucho más, ocuparán el último lugar en el 2020, como la peor Corporación del país. 

• (Puede leer: Escandalosos sobrecostos en la obra de la USI en Picaleña)

La corrupción campea

Otra de las denuncias que hace el concejal Correa, son los sobrecostos en la contratación de la administración Hurtado, y se refiere al contrato de la construcción del centro de Salud de Picaleña, como una de las tantas perlas de la administración local en este sentido. 

Este hecho de los sobrecostos en la mayoría de contrataciones de obras de la Alcaldía Hurtado, no es nuevo, lo viene utilizando desde que comenzó y está presente en todos los actos de gobierno; pero además de eso, faltan las adiciones que se vendrán en las obras de los escenarios deportivos que pueden llegar hasta el casi el 50 por ciento más de lo contratado. 
Ese es el otro veneno que nos espera y que ya se ha denunciado también como los sobrecostos. 

No en vano, esta administración tiene en sus filas a una constelación de funcionarios que prestaron sus ‘servicios’ a la administración del funesto alcalde Luis H. Rodríguez y que saben de sobra como se hacen todas las triquiñuelas, especialmente en materia de contratación. El alcalde Hurtado cuenta con toda la experiencia y ejemplo de esa administración. 
Y pensar que los organismos de control como la Contraloría y la Personería a nivel municipal no funcionan, y la Procuraduría y la Fiscalía a nivel nacional, tampoco actúan como debería de ser, son paquidérmicas y actúan poco, y cuando lo hacen es tarde. 

Ante esta situación, al menos nos complace que exista un concejal como Rubén Darío Correa, que cumple su función, así afronte amenazas y toda la corrupta maquinaria de una administración ídem que cada día ensombrese más su accionar.