Durante su intervención en la Feria Internacional del Libro 2026, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó una contundente alerta sobre la crisis de seguridad y ambiental que atraviesa el sur del departamento. Según la mandataria, la extracción ilegal de oro se ha convertido en la principal fuente de financiación para las disidencias de las Farc, desplazando incluso al narcotráfico en rentabilidad. Mientras un gramo de cocaína promedia los $10.000, el de oro alcanza los $550.000, permitiendo que las organizaciones criminales perciban ingresos cercanos a los $7.000 millones mensuales mediante extorsiones y el control del 15% de la producción.

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La mandataria explicó que la estrategia regional se centró inicialmente en visibilizar el problema ante el Gobierno Nacional, logrando que el Ministerio de Defensa reconozca la zona como un punto crítico de control territorial. Matiz denunció que este fenómeno no solo depreda el ecosistema, sino que ha arrastrado consigo una ola de flagelos sociales como la prostitución, enfermedades y asesinatos. "El territorio se queda con la pobreza y el daño ambiental; los grupos ilegales se quedan con la riqueza", sentenció la gobernadora al describir el desolador panorama de las comunidades afectadas.

Actualmente, se estima que hay cerca de 300 máquinas pesadas operando en la zona, muchas de las cuales ingresan por trochas improvisadas o evaden controles policiales presentando documentación que, bajo desconocimiento técnico de la fuerza pública, parece estar en regla. Esta situación ha facilitado el asentamiento de más de 3.000 personas foráneas que llegan atraídas por el auge del metal precioso, complicando la gobernanza en los municipios del sur.

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Pese a las dificultades, Matiz destacó que la presión institucional ha comenzado a dar frutos a través de un plan piloto coordinado con la Fuerza Pública. Sin embargo, advirtió que la resistencia de los grupos ilegales ha escalado al uso de métodos de presión social, como el intento de asonadas utilizando a mujeres embarazadas y niños como escudos humanos para impedir operativos. La gobernadora reafirmó su compromiso de mantener la ofensiva contra la minería criminal para recuperar la soberanía territorial y proteger los recursos naturales del Tolima.

*Con información suministrad a por la oficina de prensa de la Gobernación del Tolima.