Este viernes el excomandante de la Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, finalmente fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

La decisión de aceptar su sometimiento fue tomada por los magistrados Heidy Baldosea, Pedro Díaz y María del Pilar Valencia García, quienes conforman la Sala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Lo aceptaron como sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública, toda vez que Mancuso colaboró con instituciones del Estado entre los años 1989 y 2004. En ese periodo, según la JEP, Mancuso ejerció un rol de bisagra entre las fuerzas armadas y los paramilitares. 

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 Los magistrados concluyeron que Mancuso, como sujeto bisagra o punto de conexión, tuvo el poder para “mover los hilos" de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango.

 "La decisión es el resultado de las exhaustivas contrastaciones y los análisis de los aportes de verdad hechos por el exjefe paramilitar durante cuatro días en una Audiencia Única de Aporte de Verdad, llevada a cabo en mayo pasado, (...) así como de la información que posteriormente aportó", informó la JEP en un comunicado a la opinión pública. 

#ATENCIÓN | La JEP aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004.

⭕ Es decir, la JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 17, 2023

Desde el 2018 Mancuso había solicitado que lo incluyeran en la JEP para recibir beneficios a cambio de entregar información sobre el vínculo de políticos, empresarios y militares con las Autodefensas. Gracias a la información entregada el pasado mes de mayo, la JEP determinó que sus versiones podrían ser verdaderas. 

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"Para la Sala son novedosas las menciones hechas por Mancuso sobre la relación de connivencia entre las fuerzas ilegales del paramilitarismo, las fuerzas políticas y los mandos militares y policiales de Córdoba", reza el comunicado. 

En medio de sus declaraciones, Mancuso mencionó a por lo menos 300 personas, a quienes la JEP pedirá que se investiguen. Compulsará copias a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, y demás entes que tengan competencia sobre los sujetos mencionados.