A Centroamérica, como a otras regiones del mundo, la azotan plagas sociales y políticas que han convertido a buena parte de los países que la integran en un Estado inviable, ingobernable, y fallido. La Mara Salvatrucha, los carteles del narcotráfico y la corrupción estatal hacen de las suyas en esta importante zona de América, cuya población padece en gran número de necesidades básicas insatisfechas y pobreza extrema. Por esto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), previa aceptación de sus gobiernos, interviene en algunos de estos territorios, buscando prevenir y darle efectiva solución a la violación de los Derechos Humanos, la Impunidad, la migración masiva y el homicidio selectivo de líderes sociales y políticos de oposición.

Con el beneplácito del Gobierno de Guatemala y ante la delicada situación de corrupción y criminalidad que ha azotado este pequeño país en las últimas décadas, a mediados de 2013 la ONU designó una Comisión contra la Impunidad (Cicig) y nombró como su coordinador al jurista colombiano Iván Velásquez Gómez, quien desde octubre de esa misma anualidad asumió tan delicada misión. Velásquez, en pocos años de trabajo, no solo destapó ollas podridas en la Aduana Nacional (Caso La Línea), las corruptas alianzas entre empresas de energía y altos funcionarios del gobierno anterior de Otto Pérez Molina (Caso Redes), sino que tocó fibras cercanas al presidente actual Jimmy Morales (financiación de su campaña electoral) y de su familia.  Enfurecido con Iván Velásquez, Morales intentó expulsarlo del territorio el año pasado y empezó a incomodar la misión de la Cicig, hasta que decidió – hace pocos días - dar por concluida de manera unilateral su labor y aprovechar que Velásquez había salido transitoriamente hacia los Estados Unidos, para prohibir su ingreso de nuevo a Guatemala.

En Colombia Iván Velásquez es reconocido como un excelente jurista, recto en su proceder y con un real compromiso en la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Su capacidad de trabajo y lucha contra la impunidad le generó problemas mayores a los de Guatemala. Fue amenazado, perseguido y calumniado, por ser artífice principal de las investigaciones que concluyeron con sentencias condenatorias contra más de 40 congresistas por sus probados vínculos con el paramilitarismo y los carteles del narcotráfico. Esa valerosa labor como magistrado auxiliar y  coordinador de apoyo investigativo de la Sala Penal de la Corte Suprema de los años 2006 al 2012, no solo le mereció el reconocimiento y exaltación internacional, sino su escogencia por parte de la ONU para  coordinar la Cicig en el país centroamericano.

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Como Procurador Regional de Antioquia (1991 – 1994) y Fiscal Regional del mismo departamento (1997 – 1999) Velásquez denunció y develó la red de financiación del paramilitarismo en ese departamento y sus vínculos con políticos, empresarios y con la Fuerza Pública, en una época de terror y miedo en Antioquia. Su paisano, el ex presidente Álvaro Uribe (ambos son de Medellín) lo macartizó, porque se siente víctima de su actuar, así como muchos personajes de su entorno político del pasado y el presente.

Mi reconocimiento público a Iván Velásquez, por su ejemplo de vida profesional y personal.