El Tribunal Administrativo del Tolima admitió una demanda en contra del rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía Patiño, y del Consejo Superior de esa institución. La revista Cambio reveló que el proceso judicial se abrió por presuntas irregularidades en el concurso de méritos para contratar a 22 nuevos docentes de planta.

La primera irregularidad la encontraron algunos directores de programas, quienes advirtieron que los perfiles publicados por la institución no correspondían a sus verdades necesidades. Por tanto, se presume que la convocatoria fue elaborada de manera unilateral por parte de las directivas de la institución.

A partir de ese momento, a través de derechos de petición algunos docentes pidieron información sobre las modificaciones a los perfiles. La respuesta nunca llegó.

Después, también se conocieron modificaciones en el cronograma del proceso. Se cambiaron las fechas de las diferentes etapas: preselección y selección de hojas de vida; reclamaciones; envío de la propuesta de investigación y prueba académica.

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Una vez conocido el listado de elegidos, por el aparente hermetismo con el cual se manejó el proceso, fue imposible establecer quiénes habían sido los jurados y cómo habían calificado a los aspirantes. En consecuencia, docentes aseguran que el proceso violó los principios de transparencia, publicidad e imparcialidad.

Uno de los puntos que más suspicacia generó en el listado de elegibles, fue que se calificó académicamente mejor a los aspirantes que tenían hasta una maestría, que los que tenían un doctorado. "Los docentes aseguran que personas cercanas a la institución, las que han tenido contratos o puestos de trabajo, fueron presuntamente favorecidos en el momento de ser calificados", indicó Cambio.

De hecho, llama la atención que Adriana del Pilar León, jefa de la Oficina Jurídica de la Universidad del Tolima, participó en el concurso de méritos, resultó elegida y ya se posesionó. Esto, pese a que tuvo bajas calificaciones en su hoja de vida, en la puntuación pedagógica y disciplinaria. Paradójicamente, ella misma es la encargada, en su condición de abogada de la institución, de responder a la demanda que perjudicaría su posesión como profesora.

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Así las cosas, los docentes demandantes piden que el proceso se declare nulo, para tener otro con mayores garantías. De ser aprobadas sus pretensiones, se declararían nulos los nombramientos realizados hasta ahora.