Un hecho recurrente en materia procesal fue trasladado desde la Procuraduría General de la Nación  a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El hecho en donde se investiga aa 25 jueces de la Republica tiene que ver con las medidas de embargo dictadas por los togados contra los hospitales públicos, entendiendo que esos recursos hacen parte de la seguridad social en salud y que gozan de carácter inembargable, haciendo la salvedad  de las excepciones establecidas por la Corte Constitucional.

En la lista de hospitales públicos está el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, único del Tolima. La lista la completan  el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, el Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, el Hospital Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte, el Héctor Abad Gómez San Juan de Urabá, el Pedro Nel Cardona de Arboletes, el Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, el Héctor Abad Gómez San Juan De Urabá, La Anunciación de Mutatá, el Hospital de II Nivel de San Marcos, el Hospital La Divina Misericordia de Magangué, el Hospital San Juan Bautista, el Hospital Santa María de Santa Bárbara, la Subred Integrada De Servicios de Salud Sur ESE, la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, , el San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, el Hospital San Juan de Dios de Concordia, el Centro de Salud con Camas de Montecristo Bolívar, el Hospital Cesar Uribe Piedrahita, el Hospital San Agustín de Puerto Merizalde y el Hospital Local de Calamar y el Hospital San Francisco de Asís (liquidado).

Y es que los jueces que serán investigados se pasaron por la faja la Circular 02 de maarzo del 2023 expedida por la Procuraduria General de la República, dirigida a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, a los jueces de la República y a las entidades bancarias con la cual se expusieron las disposiciones constitucionales y legales que imposibilitan el embargo de los recursos públicos de la seguridad social en salud.

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Pero no son solamente los jueces que están en la mira de los entes de control, la Procuraduría advirtió sobre la presencia de un cartel de abogados que asesoran a los gerentes de los hospitales o Empresas Sociales del Estado para el ilegal recaudo con pactos, al parecer, de honorarios de hasta el 30 % del valor de las sumas consignadas.

Se espera que dentro de la investigación hagan parte además la Superintendencia Financiera, entidad que deberá analizar también el comportamiento de la banca frente a estos procesos de embargo que tanto daño le han hecho a las institucionmes de salud