Los interventores del fallido puente de la carrera Quinta con calle 60 le salieron al paso a los cuestionamientos recibidos por los $1.800 millones que alcanzaron a cobrar por su trabajo en el proyecto. De acuerdo con Francisco Restrepo, vocero de la interventoría, los cobros fueron legales y su trabajo indispensable para evitar un descalabro mayor.
 
En sus palabras, la interventoría alcanzó a cobrar el 60 % del contrato, según lo establecido en los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente.

“Hemos hecho cobros por cerca de $1.800 millones, que equivalen al 60 % del valor de la interventoría. Esto, a razón de los distintos informes y acompañamientos que realizamos por más de 10 meses. Dentro de lo cual hubo revisiones de diseños, elementos de diseño adicionales que quería el contratista, seguimiento a ejecución de obra y controles del anticipo”, acotó. 

En ese sentido, Restrepo manifestó que, contrario a lo que sostienen otras versiones, el trabajo de la interventoría fue fundamental para conseguir la liquidación del contrato y evitar que cayeran en manos del contratista los $11.000 millones del anticipo, que correspondían al 30 % de la inversión total.  

“La interventoría no liberó los $11.000 millones del anticipo, sino que simplemente liberó unas partidas pequeñas que equivalen a $2.900 millones y sobre las cuales también hizo seguimiento. Por eso lo que nos pagaron fue la retribución por los informes que hicimos”, enfatizó.

Desde hace tres meses la Alcaldía le declaró el incumplimiento al Consorcio Puente Carrera Quinta y le impuso una multa de casi $3.900 millones, para recuperar lo que alcanzaron a transferirle.

“Hubo una actuación jurídica por parte de la aseguradora ante un juzgado que falló a favor del Municipio, es decir, solo le queda a la aseguradora devolverle esa plata a la Alcaldía. Para abrir ese proceso sancionatorio la Alcaldía mostró nueve pruebas, de las cuales ocho se basaron en los informes de la interventoría”, puntualizó Restrepo.

En su momento se conocieron denuncias por presuntas inhabilidades de algunos integrantes de la interventoría, hechos que indagó la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, el ingeniero Restrepo sostiene que, con auto del pasado 8 de agosto del 2024, el ente de control archivó el proceso definitivamente. 

“Al final, el mismo ente de control, concluyó que las denuncias eran infundadas y que no tenían ninguna validez, y que el procedimiento se ejecutó en el marco legal”, refirió. 

En efecto, dentro del proceso de indagación realizado por la Procuraduría para establecer supuestos hechos de corrupción y tráfico de influencias en la adjudicación del contrato de Interventoría, el nombre de Restrepo ni de su empresa, figuran en ninguna parte en esta averiguación: por lo tanto, el ente de control archivó el proceso y se abstuvo de abrir una investigación sobre este presunto punible.  

Ahora, Restrepo hace parte de uno de los consorcios que busca ejecutar la interventoría de los estudios y diseños para el cable aéreo de Ibagué. Proceso contractual que se encuentra en etapa de evaluación de propuestas, y que en un primer intento fue declarado desierto.

“No tenemos ninguna inhabilidad, ningún vicio de nulidad, ningún elemento que nos diga que no podemos presentarnos. Por el contrario, ya existe una resolución que dice que podemos participar de todos los procesos licitatorios o concursos de méritos”, apuntó.

Los estudios y diseños del cable aéreo permanecen estancados a la espera de adjudicar la interventoría. Aunque en el primer intento rechazaron su propuesta, Restrepo dijo que insistirá en seguir vinculado a este y otros proyectos de la ciudad.

“Somos personas de Ibagué, estudiados acá, tenemos una formación académica y empresarial bastante extensa, que nos permite querer participar en el desarrollo de este municipio, pero sobre todo velar para que todo se haga de la manera que la ciudad lo requiere; conocemos todos los mecanismos de planeación del Municipio, por lo que tenemos una visión más amplia que empresas foráneas”, manifestó.

En diversos casos los interventores han sido cuestionados por su trabajo pasivo al momento de ejercer control y vigilancia en proyectos que, incluso, terminaron convertidos en elefantes blancos de Ibagué. Para el ingeniero Restrepo, ha faltado mayor compromiso de algunos interventores.

“Las funciones de la interventoría no es ser un contrato de garantía, sino de vigilancia. Frente a ello, lo obligatorio es denunciar, hacer seguimiento, solicitar actuaciones de las entidades y vigilar que las mismas se cumplan. En algunos proyectos, como los fallidos Juegos Nacionales, faltó que la interventoría hiciera esas labores”, sentenció.