La Fiscalía General de la Nación le imputó al alcalde del Líbano, Jesús Antonio Giraldo, los delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal. Esto, por hechos ocurridos en su primer periodo como alcalde de este municipio entre 2012 y 2015.

Por estos hechos también se les imputó los mismos delitos al abogado Jaime Berján Rodríguez, quien era asesor del alcalde Giraldo en la época de los hechos, y a Jairo Arango Castaño, representante del Club Tayrona.

Según la Fiscalía, entre el alcalde y los demás imputados existió un complot para manipular la documentación presentada ante la Gobernación del Tolima en la época de Luis Carlos Delgado Peñón, y así inducir a que se emitiera la resolución 486 del 14 de enero del 2014. De esta manera, Giraldo y los demás lograron que fuera aceptada la nueva junta directiva para revivir Club de Tejo Tayrona, que tendría como presidente a Jairo Arango Castaño.

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Sin embargo, la investigación de la Fiscalía señala que los tres hombres en realidad no pretendían revivir el Club de Tejo. Al parecer, su verdadera intención era poder acceder a la única propiedad que tenía, que era el predio donde funcionaba el Club Tayrona. Luego, lo vendieron y se repartieron el dinero entre los tres. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.

Vale la pena mencionar que esta es la segunda ocasión que la Fiscalía le imputa cargos al alcalde Jesús Antonio Giraldo. En abril del 2020 se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.

Ese caso también tiene que ver con su primer periodo como alcalde del Líbano. Al parecer, en el 2012 hubo irregularidades en el convenio firmado a finales de ese año para la implementación y formulación del Plan de Acción Territorial (PAT).

Se trata del Convenio 201 del primero de diciembre del año 2012 que tenía por objeto: “aunar esfuerzos para la implementación y formulación del Plan de Acción Territorial (PAT)”, por valor de $7.500.000.

Los investigadores del Grupo Anticorrupción del CTI descubrieron que no existían estudios previos adecuados para el convenio, con lo que se violó el principio de planeación, además de se realizó la evaluación de idoneidad, experiencia y capacidad de la fundación contratante, infringiendo así el principio de selección objetiva. Es decir, se pudo entregar el contrato a dedo.

De acuerdo con lo establecido, la liquidación se hizo sin que las actividades contratadas se hubieran ejecutado dentro de los plazos pactados en el contrato. Otras actividades nunca fueron ejecutadas, pero sí liquidadas. En ese caso, el alcalde Giraldo tampoco aceptó los cargos.