Desde hace más de cuatro años, los habitantes del sector de Calambeo de la ciudad de Ibagué, vienen librando una lucha incansable por vivir en un lugar, amable, tranquilo, descontaminado y sobre todo, respetando la naturaleza: agua, flora y fauna.

La industria del cemento, el hierro y el concreto, amenaza con devastar el bosque natural que allí aun se conserva, lo mismo que contaminar las quebradas que pasan por el lugar. Los árboles que quedan, quieren ser reemplazados por moles de cemento. Las murallas o cortinas de concreto que allí se programan levantar, a criterio de habitantes del sector y ambientalistas, acabará con la conexidad del ecosistema que existe entre el Jardín Botánico, la escuela agronómica de San Jorge y el bosque de Calambeo; es decir, que se pondrá en riego el único pulmón que tiene el centro de la capital del Tolima junto al parque Centenario.

En efecto, pese a no existir agua potable para el consumo humano ni disponibilidad para solucionar este problema a corto y largo plazo, certificado por el gerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), Alberto Girón; al igual que la única vía de siete metros de ancho de uso residencial primario que por arte de magia fue cambiada por la de uso comercial e industrial, sigue lo mismo que en el 2008, cuando la comunidad ganó una acción de popular para mejorarla. Solamente le cambiaron de categoría para expedir unas licencias de construcción, entre ellas la de una nueva clínica, pero regresó nuevamente a ser de uso residencial primario; sin embargo, las licencias de construcción que se expidieron en este lapso por las Curadurías Uno y Dos, no fueron revocadas y continuaron vigentes.

(Quizás quiera leer:Más de 40 mil árboles se sembrarán en el Cañón del Combeima)

Pero, además del problema del agua y el de vías de acceso, también se le agrega el de alcantarillado, en la mayoría de casas y edificaciones existentes sépticos.   

Al parecer, esta lucha entre defensores al derecho a vivir y gozar de un sano ambiente y los empresarios de la construcción, se registra por los vacios y normas abiertamente arbitrarias y direccionadas que dejó el cuestionado Acuerdo 823 de 2014 ( diciembre 23) que adoptó la revisión y ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), del nefasto alcalde Luis H. Rodríguez, que dejó las famosas zonas rurales de expansión con el objeto obvio de favorecer a los especuladores de la tierra y a los grandes empresarios de la construcción. 

Este acuerdo que se encuentra demandado ante la justicia contenciosa administrativa, aun no tiene fallo definitivo y, entre tanto, algunos funcionarios de la alcaldía, constructores y propietarios de tierras, lo entienden y acomodan, según sus intereses, como en este caso.

En estas condiciones, en Calambeo, hay unas 260 casas con una población aproximada de dos mil personas, donde ya existe una clínica, y un amplio colegio. 

    En esta foto se observan ya los daños causados con la tala de árboles para abrirle campo al cemento.

Sin agua potable, vías y alcantarillado

Ahora, se intenta sobrepoblar esta zona con la construcción de por lo menos ocho edificios de de 10 pisos cada uno, con 640 apartamentos en total, que ocuparan una población cercana a las tres mil personas, además de una clínica para maternidad de seis plantas, 120 camas y 60 consultorios. Es decir, que la población de Calambeo, se doblaran e, incluso, se podrían triplicar, sin contar con servicios de agua potable, vías y alcantarillado.

El enorme impacto ambiental que se presentaría con esta carga poblacional, no solo para el sector sino para el centro de la ciudad, no se ha tenido en cuenta ni se ha calculado. Las aguas servidas de estas nuevas construcciones irían a contaminar el afluente Quebrada Grande, que pasa por la parte de atrás de donde se proyectan las construcciones. Esta vertiente se convertiría en otra alcantarilla a cielo abierto de la ciudad que desemboca en La Pioja y de allí al río Chipalo.

(Quizás quiera leer: “La Ruidosa” ya está protegida)

Si bien es cierto que el acueducto comunitario Ascala, cuenta con una licencia de concesión de 12.42 litros por segundo, suficientes para surtir a una población de más de tres 500 personas, según la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), también lo es que el líquido no es acto para el consumo humano y que se tendría que pensar en la construcción de una planta de tratamiento que, por el momento, descarta el Ibal.

Y en cuanto la única vía que existe de acceso, esta es considerada por las autoridades de tránsito como de uso residencial primario y no comercial o industrial. El problema de congestión que se registraría sería monumental.

Los intereses que se mueven

Sin duda, y como pasa en otros sectores de la ciudad, aquí se mueven intereses ocultos de las empresas constructoras que en estrecha alianza con algunos funcionarios de las administraciones públicas, tratan de torcerle el cuello a las nomas, y de ir en contravía a los lineamientos generales de la administración municipal enfocados hacia la construcción de un territorio verde y sostenible.

En estas circunstancias, a través de dos circulares, contradictorias entre sí,  la 001 de 2015 (marzo 13), emanadas de la secretaria de Planeación Municipal de Ibagué, cambió la destinación del uso del corredor U5 a institucional y comercial múltiple, dando vía libre a la expedición de construcción de grandes proyectos, mientras el 13 de octubre de 2016, el mismo despacho a través de la resolución 0001de 2016 (octubre 13), de madera transitoria  retomó el uso anterior del corredor U5 (primerio residencial) hasta que se expida un nuevo mapa de usos del suelo. No estante ello, tanto los constructores de la clínica Vita, como Cincol-Maca del conjunto residencial de apartamentos, insisten en llevar a cabo sus proyectos.

Los habitantes del sector de Calambeo parte alta, que se consideran afectados por esta expansión urbanística que pone en riesgo el ecosistema del sector, y de parte del centro de la ciudad, representados por el Antonio Melo Salazar, fundador y exdirector del paródico El Nuevo Día,  señalan que la construcción de vivienda debe ser limitada a pequeños proyectos urbanísticos que no atenten contra el ecosistema de la zona, y que además, cuenten con todos los servicios públicos, especialmente el de agua potable, alcantarillado y vías de acceso apropiadas, los que en el momento son insuficientes en la zona, sostiene.

Entretanto, la secretaria de Salud de Ibagué, en los exámenes y controles que realiza mensualmente al agua del acueducto Ascala, que se surte de agua de la quebrada La Tigrera, señala que el agua no tiene tratamiento y no es apta para el consumo humano, según Martha Teresa Marulanda, una de las dirigentes del movimiento que se encuentra en contra de las construcciones a gran escala.

Se agrega a ello, la expedición de licencias de construcción por parte de las Curadurías sin el lleno de los requisitos legales, como el aceptar el certificado de disponibilidad del servicio de agua expedido por un acueducto comunitario, cuando este lo debe de hacer legalmente el Ibal; hecho que produjo el relevo del administrador del acueducto Ascala, Roberto Triana, por ponerse al servicio de las empresas constructoras, sin tener en cuenta a la comunidad que se considera afectada.  

Esta es una contienda que continuará hasta que las autoridades competentes y la justicia  administrativa, decidan quién tiene la razón entre los que  defienden el derecho a vivir en un hábitat  sano y los comerciantes e industriales de la construcción que buscan ganancias arrasando con el verdor de la naturaleza.