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Exdirector de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, refuta informe de Olga Lucia Alfonso
El comunicado del exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Jorge Enrique Cardozo, titulado “18 MESES DE INEXPERIENCIA LE COBRAN FACTURA A CORTOLIMA”, expresa:
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
“18 MESES DE INEXPERIENCIA LE COBRAN FACTURA A CORTOLIMA”
Ibagué, agosto 23 de 2021.
En mi condición de Ex-Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA (periodo institucional 2012-2019) y con ocasión de las declaraciones irresponsables y temerarias esgrimidas por la Dra. OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI, el pasado martes 17 de agosto en el marco de una rueda de prensa en la cual justificó el crítico resultado del informe del “Indice de Evaluación de Desempeño Institucional-IEDI 2020” me abocan a acudir a este medio a efectos de demostrar que tales imprecisiones sólo son el resultado de la inexperiencia de su Directora y su equipo de trabajo responsable de recolectar, consolidar y reportar la información que exigen los instrumentos de evaluación y control del Sistema Nacional Ambiental-SINA, previas las siguientes consideraciones:
1.- He sido respetuoso de las formas de ejecución y estilo de Dirección de la presente administración de la Autoridad Ambiental Regional, como lo he demostrado a partir del 1º de enero de 2020, sin tratar de intervenir directa o indirectamente en las decisiones que durante ésta gestión se han tomado.
2.- Que el hecho de atribuir a la anterior administración el resultado del “Índice de Evaluación de Desempeño Institucional - IEDI” de la vigencia 2020, es además de mezquino, inapropiado. En vista a que los reportes de este instrumento y de los que conforman el sistema de información, es responsabilidad funcional y operativa exclusiva de sus subalternos y de su administración.
3.- Que la motivación del presente pronunciamiento sólo tiene como objetivo precisarle a la Opinión Pública y actores ambientales de la región, que dicho reporte depende de la Dirección que regenta la actual administración en vista a que en el se deben registrar los datos resultantes de la gestión y desempeño de cada vigencia, frente a lo que se planifica, sin depender de registros históricos o decisiones de años anteriores.
4.- Que el instrumento que anualmente deben reportar las autoridades ambientales en Colombia, está compuesto por (20) indicadores y (63) variables, contenidas en 3 componentes (Misional, Financiero y Administrativo) y que sesgadamente la Directora General justificó con las contingencias que ha presentado un solo componente relacionado con la administración, control y vigilancia ambiental en (4) variables (porcentaje de tiempo promedio del trámite, tiempos para otorgamiento o negación de permisos, o concesiones de agua y de permisos de aprovechamiento forestal), sin aludir a las demás variables de dicho componente. Por ello procedo a denotar por mi parte, los siguientes hechos:
1.- Origen del indicador y su evolución en Cortolima: La medición del desempeño de las Corporaciones Autónomas Regionales se ha efectuado en el marco de los informes de gestión que se presentan anualmente ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. Sin embargo, teniendo en cuenta las disparidades entre las diferentes CARs, se diseñó un instrumento de valoración que permitiera hacer comparable la gestión entre ellas mismas, siendo solo hasta el 2015 mediante el convenio 399 con ASOCARS, que el Ministerio definió la metodología para evaluar el desempeño de las CARs y expidieron la resolución MADS No. 0667 del 27 de abril de 2016 con la cual estableció los “Indicadores Mínimos de Gestión - IMG”
a.- La medición del IEDI, fue aplicada en las vigencias 2016, 2017 y 2018, siendo este último año el patrón de referencia y la línea base para referenciar los años posteriores en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, esta medición no solo se construye con datos de la Corporación, también involucra la información de los aplicativos CHIP y SIIF del Ministerio de Hacienda, el Formulario Único de reporte de los Avances de la Gestión - FURAG y el Sistema Único de Información de Tramites-SUIT. Por esta razón, la apreciación y la sensación que deja la actual Directora General sobre “que cada Corporación reporta lo quiere” no solo demuestra un profundo desconocimiento, si no una falta de respeto a los otros Directores de sus pares y pone en tela de juicio a los Consejos Directivos de los últimos 10 años, quienes aprueban el informe antes de enviarse al Minambiente, paradójicamente a los Presidentes del Consejo Directivo que son los Gobernadores de los respectivos Departamentos y los representantes del Gobierno Nacional incluyendo su respectivo Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
b.- En el año 2017 Cortolima inicia con un IEDI de 82%, luego en 2018 registra un 44,2%, aumenta para 2019 al 50,10% y termina en 2020 con el peor desempeño del trienio con un 31,33%, lo que deduce que Cortolima en 2020 retrocedió 3 años dejándola en nivel “Crítico” tal como lo señala la escala de medición.
Cabe anotar que el índice es anual no acumulativo y posee tres (3) dimensiones las cuales son: (1) misional, (2) Financiero y Presupuestal y (3) Administrativo como ya se anotó y sobre los cuales la Directora no aludió.
2.- DIMENSION MISIONAL
La dimensión misional se mide a partir de 2 indicadores que son la eficacia y la eficiencia, donde en resumen evalúan el tiempo y el costo que una Corporación emplea para adelantar los tramites a su cargo.
En eficacia, entendida como el tiempo que emplea para adelantar sus trámites CORTOLIMA inicia en el 2018 con un 78,93%, en 2019 pasa a 59,08% y para 2020 cae al último lugar con un 42,06% siendo este resultado mucho menor que en el año 2018.
En términos de eficiencia entendida como el mínimo costo que se emplea para evaluación de tramites, en 2018 se inició con un 9,39% al 2019 obtuvo una eficiencia del 100% y ya para 2020 la eficiencia se reduce al 7,72% superando solo a Corporinoquia y Codechoco.
Nótese que al culminar la gestión que entregué en 2019 el indicador ascendía a 100%, precisamente porque se ordenaban las visitas y su trámite culminaba en la expedición de un acto administrativo (resolución) que resolvía de fondo la solicitud.
Por lo anterior, no es adecuado decir que ahora se están adelantando “mas de 3.000 visitas” sino culminan con un acto administrativo y no solo con el respectivo informe técnico como lo pregona en voz alta la Directora General confundiendo a los usuarios y opinión pública. Basta revisar la emisión de actos administrativos que en cada anualidad se han expedido a saber;
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ANULIDAD |
NÚMERO DE RESOLUCIONES |
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2018 |
4.561 |
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2019 |
4.882 |
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2020 |
2.896 |
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2021 |
2.809[1] |
Igual ocurre con la generación de Acuerdos Directivos tramitados a través del Consejo Directivo, denotando su intervención en actividades misionales y no tanto administrativas;
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ANULIDAD |
NÚMERO DE ACUERDOS |
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2018 |
25 |
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2019 |
32 |
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2020 |
14 |
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2021 |
8[2] |
Pues el componente de Eficacia exige generar acciones en número de concesiones concedidas, permisos concedidos y/o negados, procesos sancionatorios ambientales resueltos, así como áreas de ecosistemas en restauración y reforestación; formulación de Planes de Ordenamiento de cuencas hídricas; declaratorias de áreas protegidas y otra serie de obligaciones que la Directora General en su intervención no anunció que había ejecutado en el trascurso de su gestión en 2020.
Otra incongruencia anunciativa de la Dra. Olga Lucia Alfonso, es el hecho de predicar que “su administración fue la que implantó el mecanismo de Oralidad” para mejorar tiempos y procedimientos en el seguimiento de licencias y permisos, cuando ello en realidad se implementó mediante Resolución CORTOLIMA No.1278 de 2019 en la “Cual se adopta una estrategia administrativa dentro del Plan de descogestión que adelanta la Corporación …” modificada por la resolución 3280 del mismo año, vigencias que pertenecieron evidentemente a nuestro periodo institucional.
De igual manera; predicar que el VITAL- Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea[3] “no sirve o está desactualizado” es una aseveración que no justifica que la administración proceda a contratar y/o duplicar esfuerzos financieros y de recurso humano para establecer un sistema de información paralelo al oficial establecido por el estado Colombiano.
Continuemos analizando el componente de Eficacia, en lo atinente a “Cobro y gasto” a saber;
[1] En lo corrido de la vigencia 2021. - Información tomada de web site de Cortolima (www.cortolima.gov.co).
[2] En lo corrido del año.
[3] VITAL es el instrumento del Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del cual las Autoridades Ambientales del país automatizan los trámites administrativos de carácter ambiental que se constituyen como requisito previo a la ejecución de proyectos, obras o actividades, bajo los principios de eficiencia, transparencia y eficacia de la gestión pública.
De este indicador, preocupa es la relación entre cobro y gasto que presenta CORTOLIMA, siendo la más alta para 2020. Sin embargo, lo que más sorprende es la respuesta de la Directora General al decir que esto se debe a que algunos usuarios no pagan y toma como ejemplo a ASOPRADO y ADR[1] por la concesión de agua del proyecto “Triangulo del Tolima” - ésta última - y sobre el cual no se presupuesta por estar en incertidumbre y sub judice.
Este indicador lo que busca es decirle a las Corporaciones Autónomas Regionales que planifiquen la relación “costo-beneficio” frente a un seguimiento, debido a que no es lo mismo disponer un seguimiento a una concesión de un Distrito de Riego con 10.000 litros/segundo, frente a un campesino o usuario que capta medio litro o menos. Por ello, la Corporación debe establecer un plan de visitas teniendo en cuenta la cantidad de litros captados de mayor a menor, y en el caso de las pequeñas concesiones medidas de austeridad como varias visitas por recorrido y por esa razón en 2019 obtuvimos el 100% de eficiencia.
Lo anterior genera una alerta y es que para su funcionamiento la Corporación tendrá que apalancar en la sobretasa ambiental, con lo cual se reduce la proporción de inversión. Por lo tanto, es ineficiente porque no se está autofinanciando si no por el contrario esta “desfinanciándose ambientalmente”.
Lo anterior se agrava en razón a que esta administración cambió de operador bancario a partir de 2020, generando a sus usuarios una dificultad (distancia, tiempos y tecnología) para cumplir (pagar) rápida y eficazmente las obligaciones ambientales con la Corporación.
3.- DIMENSION FINANCIERA
En cuanto, a la gestión presupuestal entendido como el recaudo, recuperación de cartera y capacidad de inversión, en el 2018 se inicia con un 39,51%, al 2019 se ubica en un 59,82% y para el 2020 cae a un 37,80% y es donde personalmente espere un mejor desempeño de la Corporación teniendo en cuenta la formación y experiencia de la actual Directora General.
Fuente: Informes IEDI 2018 - 2019 y 2019 - 2020 MADS.
Esta situación de 2020 obedece a una deficiente ejecución presupuestal y poca gestión de recursos como se ve a continuación:
a.- Capacidad de ejecución:
Fuente: Informes IEDI 2018 - 2019 y 2019 - 2020 MADS.
En 2018 la capacidad de ejecucion fue del 47,78%, en 2019 sube al 55,98% y al 2020 cae estripitosamente a un 33,77%, demostrandose asi la poca capacidad de inversion ambiental en 2020. Ello implica un factor para que la Contraloría general de la república no fenesca la cuenta fiscal de dicha vigencia.
Cabe anotar que en la anualidad (2020) no se denotan inversiones para formular Planes de Manejo Ambiental-PMA o proyectos significativos en instrumentos ambientales ya declarados y listos para implementar como en los diferentes Planes de Ordenamiento de Recurso Hídrico-POMCA´s que se declararón tales como, POMCA de Ríos “Gualí, Totare, Luisa, Recio y Venadillo”[2], entre otros o de áreas protegidas[3] como “RFPR Alto Combeima; Distrito de conservación de suelos de los Cerros del Norte de IBaguá; el Parque Natural Regional “We´pe Wala”; o en el Parque Natural Regional “Anaime Chilí” o en el Bosque seco Natural “Yavi/Pocharco” o simplemente en el Bosque de Galilea que requiere intervención urgente, a manera de ejemplo[4].
De igual manera, no se evidencian inversiones para ejecutar los recursos provenientes de la sobretasa ambiental y tasas retributivas a favor de la descontaminación de fuentes hidricas[5].
b.- Recursos gestionados:
Fuente: Informes IEDI 2018 - 2019 y 2019 - 2020 MADS.
En 2018, Cortolima arranco en un 29,14%, en 2019 subió a un 100% y ya para el 2020 su baja la gestión de recursos a un 38,76% donde hasta el momento no se ha visto la gestión con el Gobierno Nacional y organismos internacionales.
Cabe anotar que en nuestra administración se contó con el apoyo de co-financiación de Organismos Nacionales e Internacionales como, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, Ministerios de Minas y Energía, Instituto Von Humboldt, Embajada de Países Bajos, GIZ, PNUD, COSUDE, USAID entre muchas otras entidades con generación de recursos de inversión.
Aunado a lo anterior, preocupa que la actual administración hubiese eliminado el Comité Financiero de la Corporación que en forma colegiada se seleccionaban las mejores propuestas de inversión (calificación bancaria, seguridad entre otros) para salvaguardar los recursos en CDTs y ahora se estén escogiendo las entidades bancarias a “libre disposición” de la Directora General, desconociendo -eventualmente- reglas mínimas de la buena administración que exige el manejo de los recursos públicos.
4.- DIMENSION ADMINISTRATIVA
Esta dimensión mide el cumplimiento en la transparencia de la gestión administrativa y financiera, donde en 2018 esta dimensión reflejó con 53,97%, en 2019 52,30% y ara 2020 sube a un 58,06%.
Fuente: Informes IEDI 2018 - 2019 y 2019 - 2020 MADS.
Frente a las acciones que manifiesta emprender la Directora para descongestión de expedientes, en la cual plantea como la solución la contratación de más abogados Jr, en este caso recién egresados me parece que por si sola no es una medida de fondo sino se acompaña de cambios estructurales, es como tratar la “obesidad comprando pantalones cada vez mas grandes”.
Esta misma situación la surtí al inicio de mi administración y para ello establecí las siguientes acciones entre otras:
a) Resolución para diseños de captación de “obras tipo” para concesiones inferiores a un litro/seg.
b) Eliminación del acto administrativo para permisos de árbol en riesgo.
c) Procedimiento para el reporte de caudales en el cobro de la TUA
d) Medidas operacionales de administración de la Corporación.
e) Descentralización de los permisos de tala con la administraciones municipales.
f) Renovación de las normas de sistemas de gestión de calidad y obtención de la certificación de seguridad de la información. Entre otras acciones que hoy son de uso por parte de esta administración.
Dentro de las explicaciones reiteradas por la actual Directora General acerca del universo de seguimiento a 25 mil expedientes, quiero recordarle que no todos los expedientes son objeto de seguimiento y que este mismo no se consolida con el informe de visita si no con el acto administrativo al respecto-como ya se anotó-. Por tal razón, solicito públicamente que me haga llegar como derecho de petición una tabla de reporte donde estén los 2.630 seguimientos, el número de informe y la resolución respectiva.
Debido a que no es cierto que por hacer más visitas se realicen más seguimientos, ya que este es valido con su informe y resolución respectiva. Por lo tanto, solicito rectifique su expresión “Haciendo el recuento de casi 10 años, jamás en la historia de la Corporación se habían hecho esta cantidad de seguimientos que hemos hecho a la fecha[6]”, debido a que por la falta de conocimiento esta confundiendo visitas con seguimientos. Por lo tanto, le recuerdo a la Directora que los seguimientos que reporte y se deben reportar son aquellos que tengan su acto administrativo.
De otra parte, afirma que nuestra administración no entregó el total de inventario de expedientes, pues basta recordarle que formalmente mediante radicado CORTOLIMA No.4490 de 17 de febrero de 2020, y respuestas a observaciones de acta de entrega se le reportaron 18.000 expedientes más 8.000 de las sedes territoriales para un total de 26.000 expedientes debidamente caracterizados en el sistema de información de la entidad. Este informe fue revisado por la Comisión de Auditoria de la Contraloría General de la República-CGR según lo mandado por la ley 951 de 2005 sin que se dejará una glosa en mi contra al respecto.
Finalmente, solicito a la Directora General a que se retracte públicamente de las declaraciones “Yo estoy reportando la verdad, la realidad, yo no maquillo los informes” haciendo referencia no solo a los anteriores Directores (as) Generales sino a sus colegas de las otras Corporaciones del País, por lo tanto, solicito proceda a informar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales se ejecutaron las actividades de “maquillaje informativo” individualizando los operadores de tal actividad ilegal a fin de acudir a los medios correspondientes.
Cordial Saludo;
JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ
[1] Usuarios que nunca han tributado a la Corporación por lo que mantienen procesos judiciales, entre otros usuarios.
[2] Se dejaron en desarrollo los procesos de diagnóstico del Río Amoyá y Prospectiva y Zonificación del Río Sumapaz. ¿En que estado se encuentran hoy?
[3] En período de 7 años y medio 62.577 hectáreas del territorio se declararon como áreas protegidas. ¿Cuántas hectáreas en 4 años se proyectan declarar?
[4] Sin contar con el número de hectáreas de páramo delimitadas que en nuestro período ascendió a 153.983 has (Chilí- Barragan, Los Nevados, Las Hermosas y Nevado Huila Moras).
[5] En nuestro período se ejecutaron inversiones en saneamiento básico en Ibagué (La Guadaleja, Quintas, Ferrocarril), Rovira (q. Los Muertos), Guamo (Interceptor Luisa), Alpujarra (Ptar), Natagaima (Ptar), Chaparral (Carmenza Rocha) entre otros por 31.243 millones de pesos.
[6] Cantidad de visitas que no pueden ser ciertas en razón a la incidencia de los confinamientos obligatorios que se surtieron en 2020.
(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
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