Tumbar en este momento la Ley de Garantías a pocos meses de las elecciones de Congreso y Presidencial es “Una vergüenza”. Es “Un concierto para delinquir”. Es “Otra jugadita”. Es “una trampa, un robo”.  Es “Corrupción electoral”. Es “Incoherencia del gobierno”. Es “Cinismo y corrupción”…

Son apenas algunos de los calificativos que hoy distintas voces desde variados sectores del país han lanzado contra esta propuesta del gobierno nacional contemplada como un verdadero ‘mico’, en la Ley de Presupuesto General de la Nación 2022.

Una de esas voces contrarias a esta iniciativa fue la del columnista de El Tiempo Juan Lozano, quien escribió que “Eso, apoyen la robadera. Tumbar la ley de garantías es hacerle un homenaje a la corrupción electoral”. Seguidamente agregó que “Prosigan, sirvan en bandeja de plata la compra de votos, la intimidación contractual con fines electorales, la metida de mano de los funcionarios en las elecciones, los ‘carruseles’ de contratos con los tarjetones en la mira, los favorecimientos de contratistas para que financien las campañas preferidas por los gobernantes de los distintos niveles de la Administración”.

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Lo cierto es que el presidente Iván Duque y su bancada en el Congreso están empeñados en reformar la Ley de Garantías para que en las próximas elecciones las entidades públicas —desde la Presidencia hasta las alcaldías— sí puedan contratar sin licitar, inaugurar obras o modificar las plantas de empleados públicos.

Pero lo que llama la atención es la contradicción o incoherencia del Jefe de Estado quien en 2015 y 2017, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos planteó esa misma posibilidad con argumentos parecidos, en ese entonces el senador Duque y el resto de congresistas incluido el jefe del Centro Democrático, expresidente Álvaro Uribe, fueron demoledores en sus críticas a esa pretensión del presidente Santos. 

“Debemos unirnos para evitar que este asalto a la legalidad y a las garantías electorales sea constituido por parte de un gobierno que todos los días pierde más confianza, más credibilidad y genera más rechazo ciudadano”, escribió Duque en esa oportunidad.

El periodista Félix de Bedout también le ha recordado un trino del presidente Duque cuando era senador en el 2015. En esa ocasión Duque escribió “Hay cosas que el dinero no puede comprar…una de ellas eliminar la Ley de Garantías. El país está indignado con esta propuesta politiquera”.

Pero el mismo periodista De Bedout también le recordó al expresidente Uribe lo que escribió sobre ese mismo tema en 2015 contra la propuesta del entonces presidente Santos. Uribe escribió: “Eliminar la Ley de Garantías es una trampa de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”.  

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El Cronista.co le consultó a los congresistas tolimenses su opinión frente a esta propuesta del presidente Duque, pero al cierre de esta nota, la única que respondió el llamado fue la representante por el partido Conservador, Adriana Magaly Matiz.

Dijo que esa propuesta no va a pasar en las comisiones económicas “y no va a pasar por una sencilla razón y es que la Ley de Garantías es una Ley Estatutaria y la ley a través de la cual se aprueba el Presupuesto General de la Nación es una Ley ordinaria de ahí que no pueda modificarse una Ley estatutaria con una Ley Ordinaria, entonces creo que no va a prosperar ese artículo que se pasó en las comisiones económicas conjuntas”, afirmó la representante Matiz.

Historia de la Ley de Garantías

La Ley de Garantías nació en 2005 como acuerdo político entre el gobierno de Álvaro Uribe y la oposición que en esa época era liderada por el Polo Democrático. Siempre se dijo que era una ley pensada en la reelección de Uribe.

Significa que desde esa época está prohibida la contratación directa en entidades públicas durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, ya sean nacionales o regionales. En ese periodo los mandatarios tampoco pueden inaugurar obras, cambiar la nómina de empleados, ni hacer convenios interadministrativos porque con eso pueden inclinar la balanza hacia candidatos de sus partidos.

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El 20 de julio del presente año, en el inicio del último año legislativo de este cuatrienio, 34 congresistas pertenecientes al Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Conservador, y movimientos cristianos radicaron un proyecto de ley para tumbar esas restricciones. Como si fuera poco, el  presidente Iván Duque le puso al proyecto un mensaje de urgencia.

El argumento del presidente Duque, contrario a lo que había manifestado en 2015 es que era un deber hacer esa modificación “para que no se atrase y se afecte la contratación en momentos en que muchos alcaldes y gobernadores se vieron afectados por la covid-19. Con esta modificación, queremos que sigan los ciclos de inversión, que se puedan hacer los convenios interadministrativos y que nos movamos hacia adelante”, expresó Duque.