Opinión

Por: Óscar Amaury Ardila

En el Departamento del Tolima en el año 2008 un grupo de organizaciones ambientales y sociales empezamos a encontrarnos en una pequeña sala de la Universidad del Tolima, preocupados por el avaro interés transnacional de explotar oro en las montañas de Cajamarca. Ese fue el inicio de un proceso orgánico que terminó llamándose Comité Ambiental en Defensa de la Vida, en donde de manera colectiva y con la guía juiciosa de su líder natural Don Evelio Campos, se fueron confeccionando tareas de movilización, interlocución con entidades públicas y privadas, planes de in-formación, publicidad y propaganda, entre otras labores pertinentes.

Tal vez la más importante de las decisiones fue la convocatoria a la gran “Marcha Carnaval”, con la idea de enlazar un camino unitario de conciencia ambiental regional, junto a la alegría de las manifestaciones culturales y comparsas creativas en salvaguardia del agua, el territorio y la naturaleza. Aquellos, eran tiempos en que el espíritu y el compromiso de los asistentes fluían de manera tranquila, fraterna y desinteresada, dada la contingencia ambiental por la actividad minera y los riesgos para la tierra y las comunidades por el desarrollo del proyecto de la anglo Gold Ashanti; Ecotierra, Conciencia Ambiental, Periódico El Salmón, Docentes, Intelectuales, Artistas, Activistas ambientales, Corcultura, Grupo Alternativa, Asociación Tierra Viva entre otros, comenzamos de manera informal un proceso de cimentación de un movimiento social ambiental, bajo presupuestos ideológicos básicos del rechazo a poderosas inversiones del capitalismo mundial, en países subdesarrollados y el consecuente fortalecimiento de los planes imperialistas por la dominación del planeta y sus recursos.

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Pero con el tiempo, la causa común se fue desgranando con el alejamiento de la mayoría de sus constituyentes, producto del cuestionamiento y reparos a algunos comportamientos, procedimientos y perspectivas del trabajo en construcción; un grupo interesado en el acumulado social se fue autoproclamando poseedor del espacio, hasta su transmutación de combo universitario al referente publico ciudadano. ¿Perdieron su identidad grupal?, ¿quiénes lleguen al movimiento deben acatar sus convicciones políticas?, ¿los participantes de las actividades del movimiento deben asumir las decisiones de su partido político?       

Este escrito tiene la exclusiva motivación de ofrecer algunos elementos críticos que pudiesen servir de aportes en el fortalecimiento de lo organizativo dentro de los sectores populares, para lograr superar las flaquezas, desviaciones y el oportunismo de quienes cuentan con liderazgos públicos, al interior de espacios que reivindican derechos sociales; para erradicar sistemáticos antivalores, que han perjudicado en su esencia los ideales nobles y los sueños emancipatorios en la historia de los pueblos, por liberarse del avasallamiento y sometimiento económico. El Comité Ambiental fue concebido como un movimiento social amplio, publico, pluralista, sin jefes, sin caudillos, ni cabecillas a quienes se les pudiera adular, dar cuentas o pedir permisos; la lógica hasta cierto tiempo de trabajo estuvo basada en la aplicación de principios elementales de funcionamiento como decisiones democráticas, respeto, disciplina, cumplimiento, dirección colectiva, fraternidad, con lo que se garantizaría su razón de ser. Pero actuaciones y procederes de quienes finalmente lograron el manejo integral del espacio, han echado por la borda un proceso unitario, diverso y comunitario, por una capilla con jerarcas y obedientes feligreses.  

Como ejemplo del manejo privado y conducta unilateral frente a las decisiones en el Comité Ambiental, lo conocimos durante la convocatoria a la XI Marcha Carnaval. El Colectivo Tolima Solidario conformado por académicos, periodistas, pensionados, docentes, sindicalistas, amigos todos de la causa latinoamericana en defensa de la dignidad, la soberanía y el respeto por los pueblos, solicitó (de manera ingenua y bien intencionada) un permiso para participar en la Marcha, con el argumento válido de que “…La guerra imperialista es depredadora de la naturaleza y de las condiciones de vida; que no nos es ajena a los colombianos y que se cierne sobre nuestra hermana república de Venezuela…”.

La respuesta a esa amable petición fue un contundente NO. Decisión arbitraria teniéndose en cuenta los argumentos lógicos del Colectivo, que no ameritarían profundos discernimientos ni complicados análisis, para comprender la relación directa que tiene la defensa de la soberanía de los pueblos, frente al interés voraz del sistema capitalista por apropiarse del patrimonio público y los recursos naturales. Desconocer estos básicos de teoría  económica, reflejan una de dos premisas; o los voceros del Comité Ambiental tienen muy bajos niveles de conocimiento de política internacional, análisis de coyuntura y contextos de conflicto mundial, o cuentan con una clara posición en contra de la decisión mayoritaria de la población   bolivariana, en su tenaz y sacrificada lucha por la defensa de la patria. Siendo lamentable cualquiera de estas dos deducciones, la sospecha del desprecio al digno ejemplo venezolano de confrontación antimperialista, deja mucho que desear.

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En el texto Movimientos Sociales y Poder Político el sociólogo Orlando Fals Borda nos ilustraba: “… nosotros respondimos acá (como todavía lo hacemos) al autoritarismo militar, a las intervenciones externas, a la marginalidad de las masas y a las desenfocadas políticas llamadas de “desarrollo económico y social” impuestas por países ricos y oligarquías consulares. Estas políticas tecnocráticas, que más que todo produjeron subdesarrollo y enriquecieron a los ricos – agudizaron la explotación y la dependencia que venían de atrás con el hambre, la miseria y la ignorancia… los movimientos han asumido la necesaria función histórica de articulación para la protesta.

Los movimientos todavía alimentan la esperanza del progreso real de las comunidades, ven la posibilidad de construir un nuevo orden social más equitativo y próspero con paz y justicia, para contribuir a resolver las contradicciones del capitalismo y enmendar las inconsistencias éticas de la democracia burguesa…”. Y una herramienta para el logro de estos postulados, son los procesos de capacitación y formación de la población, que deberían desarrollarse acorde al espíritu constitutivo de los movimientos sociales; sin que la pretensión de los resultados de esas labores, se conviertan en productos cuantitativos de personas diplomadas, dentro de las carpetas de la gestión financiera de los programadores.

Institucionalización del movimiento social. Varias organizaciones ambientalistas en el mundo para el cumplimiento de sus objetivos fundacionales y trabajo social, se han cuidado acerca del recibimiento de recursos económicos. A manera de acotación, el grupo Greenpeace de manera recatada, ha decretado su negativa a recibir financiación por parte de gobiernos o empresas, que pudieran comprometer su vocación e independencia, manteniéndose al margen de ligamentos oficiales y compromisos políticos; como ellos, seguramente que otros procesos nacidos desde la ciudadanía, se esfuerzan por buscar el apoyo de personas naturales y sin ánimo de lucro, que les pueda dar el soporte ético para solventar juicios propios, tener la libertad de opinar y poseer la firmeza de la toma de decisiones ante cualquier gobierno o cualquier emporio económico. Para el caso que nos ocupa, el Comité Ambiental en los últimos años ha venido recibiendo financiaciones varias, pero especialmente las que tiene que ver con la Alcaldía de Ibagué.

Contrario al criterio del equipo fundador del movimiento, los vínculos económicos entre la Administración local y el Comité, ha establecido una relación que sobrepasa los buenos propósitos del cuidado ambiental; a un lado, se ingresan considerables recursos para su manejo grupal y exclusivo, y de otro, se retoca el mejoramiento de la imagen pública. Estos maridajes utilitarios desdibujan los proyectos sociales consistentes y estratégicos para la defensa de los bienes públicos, al aceptarse de manera pasiva y sine qua non la institucionalización de los movimientos comunitarios. 

Instrumentalización del movimiento social. La organización de las masas convocadas a partir de banderas y consignas universales como lo son los derechos humanos, los colectivos, los derechos ambientales, no pueden constituirse en herramienta de trabajo de grupos interesados en procesos electorales partidarios o en empresas corporativas privadas. Aunque los contenidos de las manifestaciones sociales y políticas converjan en principios y postulados similares, es indispensable para el vigor y fortaleza de los primeros, diferenciar los marcos que delimitan cada una de ellas. El movimiento social por su carácter, se define como la forma de acción conjunta duradera y persistente, en la cual un colectivo con procedencia diversa del ámbito social, político, económico, cultural, ambiental o personal, se encuentra para llevar a cabo acciones no institucionales que logren determinadas reivindicaciones populares; es una amalgama informal de individuos y/u organizaciones, con la finalidad de conseguir el cambio de políticas públicas  favorecedoras del establecimiento neo-liberal.

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Los partidos políticos por su parte, son entendidos como el grupo de individuos que comparten determinados principios programáticos desde una estructura organizativa, para vincular a la ciudadanía hacia la obtención de posiciones de poder o influencia a partir de procesos electorales; son una coalición de personas en el que todos sus miembros están de acuerdo en todas sus metas, cuyo objetivo consiste según el historiador y sociólogo alemán Max Weber siempre en la adquisición de votos en las elecciones.               

Por respeto a la historia, a los movimientos campesino, de resistencia indígena, obrero,  estudiantil, popular, de mujeres, al movimiento ambiental, al movimiento latinoamericano, al movimiento Bolivariano, a los movimientos libertarios en el mundo, a todos los lideres caidos en sus luchas, no es correcto desnaturalizarlos, institucionalizarlos, instrumentalizarlos, ni  manipularlos.