Tras el revuelo mediático generado por la decisión de tres de las mujeres vinculadas como presuntas víctimas de no participar activamente en el proceso penal que se adelanta contra el periodista Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual, las denunciantes emitieron este miércoles un comunicado en el que aclararon que no han renunciado a la verdad ni se han retractado de las denuncias.

En el documento, las periodistas señalan que desde el primer momento manifestaron con claridad su decisión de no proceder  con denunciar penalmente al presentador.  Esta decisión fue conocida por Caracol Televisión y su representación legal, y aseguran que las denuncias internas permitieron que la empresa adoptara decisiones que, a su juicio, les brindaron "verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición".

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También explican que, una vez iniciado el proceso penal, la Fiscalía General de la Nación las contactó para que actuaran como víctimas dentro de la investigación. Sin embargo, decidieron no participar activamente, argumentando que esa determinación responde a la necesidad de proteger su bienestar físico, mental y emocional.

Las firmantes enfatizan que esta decisión "no obedece a un cambio de versión, ni a una retractación" y sostienen que no desvirtúa los hechos denunciados ni implica negar los presuntos abusos ocurridos. Además, mencionan que el hoy imputado terminó de mutuo acuerdo su relación laboral con Caracol Televisión lo que probaría su denuncia.

En el comunicado también cuestionan el manejo del caso, al considerar que la exposición pública y el desarrollo del proceso judicial las ha sometido a una nueva revictimización. Asimismo, recuerdan que durante una inspección realizada por el Ministerio de Trabajo se obtuvieron documentos que posteriormente llegaron a la Fiscalía y fueron conocidos por el imputado.

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Las denunciantes invocan las garantías contempladas en la Ley 906 de 2004 para las víctimas y solicitan a la Judicatura, a los medios de comunicación y a la sociedad respetar su decisión de no intervenir activamente en el proceso penal, así como su identidad, dignidad y voluntad.

En el comunicado, las denunciantes también denuncian haber sido víctimas de matoneo, estigmatización y cuestionamientos tras hacerse pública su decisión de no participar activamente en el proceso penal.

"No hemos renunciado a la verdad, no hemos negado los hechos, no hemos solicitado que la investigación se detenga y no pretendemos obstaculizar el trabajo de la administración de justicia", concluye el comunicado divulgado este 5 de agosto de 2026.