La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió al ELN y al Clan del Golfo establecer una tregua humanitaria en Chocó para permitir el ingreso de las instituciones a las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes.

Durante su visita este miércoles 12 de agosto a Quibdó, Marín señaló que los grupos armados deben permitir el acceso de las autoridades y de la ayuda humanitaria a las comunidades que permanecen aisladas o con dificultades de atención.

“Es un momento de hacer una tregua humanitaria y permitir que la gente pueda acceder a atención humanitaria”, afirmó la Defensora, quien recordó que en varias zonas del departamento existen confinamientos y restricciones para el ingreso de las instituciones.

• Puede leer: ¿Debe continuar el fútbol colombiano? La Dimayor ya tomó una decisión

Marín aseguró que la Defensoría está dispuesta a acompañar las jornadas de atención y facilitar el ingreso a territorios de difícil acceso, incluso mediante sus capacidades logísticas y una lancha.

Sin censos claros

La principal alerta de la Defensora está relacionada con la falta de censos que permitan establecer cuántas personas resultaron afectadas, cuáles son los daños y cuántas familias necesitan alojamiento o asistencia económica.

“Es urgente avanzar en identificar quién es la gente que necesita más atención”, manifestó Marín, quien explicó que las autoridades cuentan con información de varios municipios, pero todavía existen lugares, como Condoto, donde no hay un censo ni una identificación completa de los daños.

Durante un recorrido por el barrio Futuro 1, en Quibdó, la funcionaria encontró viviendas completamente destruidas por deslizamientos. Algunas familias se encuentran alojadas con allegados, mientras otras no tienen dónde pasar la noche y desconocen las rutas para acceder a la ayuda.

En Quibdó fue habilitado un albergue en un coliseo, pero la Defensora lo calificó como precario frente a la cantidad de familias afectadas, debido a la falta de suficientes colchonetas y de espacios diferenciados para los grupos familiares.

• Además: La solidaridad de Ibagué ya llegó a Pereira, San Luis y Payandé

Sobreocupación en el Hospital

En materia de salud, Marín destacó la coordinación entre las autoridades, pero advirtió que el hospital de Quibdó registra una sobreocupación del 160 %.

Además, señaló que la institución requiere garantizar una conectividad estable para evitar dificultades ante eventuales interrupciones del servicio eléctrico y mejorar el acceso a internet.

La Defensoría también verificó que personas que requieren atención médica desde otros municipios han sido trasladadas a Quibdó y están siendo atendidas, aunque insistió en la necesidad de ampliar la respuesta a todo el departamento.

Asentamientos sin verificar

Otro de los puntos que preocupa a la Defensoría es la situación de 32 asentamientos indígenas que todavía no han podido ser verificados.

Marín aseguró que la entidad está dispuesta a acompañar los operativos para establecer las condiciones en las que se encuentran estas comunidades y determinar las necesidades de atención.

La funcionaria insistió en que los censos y la evaluación de daños deben realizarse en todos los municipios del departamento, no solamente en Quibdó.

• También: Filtros técnicos continúan frenando llegada de socorristas del exterior

Piden atención psicosocial para niños y adolescentes

La Defensora también hizo énfasis en la necesidad de reforzar la atención psicosocial, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

“Nos pidieron en todas partes el tema de atención psicosocial”, afirmó Marín, al señalar que la emergencia ha generado afectaciones no solamente físicas, sino también emocionales entre las familias.

En materia educativa, indicó que las clases permanecen suspendidas y que es necesario buscar alternativas para que los estudiantes puedan retomar progresivamente sus actividades. También reportó afectaciones en la Universidad Tecnológica del Chocó.

Defensoría pide ampliar ayudas y evaluar alivios económicos

Marín planteó además la necesidad de evaluar alivios de crédito para familias afectadas que adquirieron vivienda mediante créditos de libre inversión y que, por problemas relacionados con la titularidad de la tierra, podrían no acceder a los mismos beneficios de quienes cuentan con créditos hipotecarios.

La Defensora sostuvo que la respuesta debe extenderse a todo el territorio y pidió avanzar rápidamente en los censos, la identificación de daños y la atención humanitaria.

Mientras tanto, señaló, las comunidades continúan recurriendo en buena medida a ollas comunitarias y a la solidaridad de la propia población, mientras esperan un mayor despliegue de asistencia estatal.

La Defensoría del Pueblo pidió que los Puestos de Mando Unificado establezcan mecanismos concretos para identificar a los damnificados y garantizar que las ayudas lleguen efectivamente a las comunidades afectadas por el terremoto.