Las declaraciones del presidente electo, Abelardo De la Espriella, en las que aseguró que buscará que Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", permanezca preso de por vida, y anunció la eliminación de varias entidades creadas tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, siguen generando reacciones en distintos sectores políticos del país.

Luego de que De la Espriella confirmara su intención de suprimir la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, eliminar la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y reemplazar esa estructura por un Comisionado Nacional de Seguridad, congresistas y dirigentes políticos salieron a cuestionar el alcance de esas propuestas.

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El senador Iván Cepeda calificó al mandatario electo como "el mayor enemigo de la paz". A través de su cuenta en X afirmó que desmontar la institucionalidad creada tras el Acuerdo Final constituye "la más grave violación que se haya emprendido contra el derecho a la paz del pueblo colombiano", consagrado en el artículo 22 de la Constitución.

DE LA ESPRIELLA ES EL MAYOR ENEMIGO DE LA PAZ

Las decisiones de acabar con la institucionalidad de la paz, cerrar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016, convierten a Abelardo De la Espriella en el mayor enemigo que haya tenido…

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 14, 2026

Por su parte, el exsenador y exembajador Roy Barreras aseguró que eliminar la Consejería Presidencial para la Paz sería un error jurídico y político, al recordar que esa figura tiene soporte legal y constitucional, por lo que no podría desaparecer mediante un decreto. Además, sostuvo que el Estado mantiene la obligación de garantizar la implementación del Acuerdo de Paz y los procesos de reincorporación de excombatientes.

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A su vez, el senador Ariel Ávila afirmó que el Gobierno entrante no puede acabar con el Acuerdo de Paz porque ello implicaría desconocer la Constitución. También cuestionó los señalamientos del presidente electo contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): "¿Por qué no quiere que se sepa la verdad que la JEP puede dar? ¿Cuida los intereses de alguien?", escribió en sus redes sociales.

Las críticas surgieron luego de que De la Espriella reiterara que, a partir del 7 de agosto, su administración no impulsará nuevos procesos de paz y priorizará una política enfocada en la seguridad y el combate contra la impunidad.