En medio de la auditoría que la Contraloría Municipal de Ibagué realizó a las obras del Acueducto Complementario, el órgano de control encontró que algunas obras se habrían realizado sin permisos ni licencias ambientales.

La auditoría al contrato por $25.000 millones que la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) celebró en el 2022, arrojó cinco hallazgos, entre ellos uno de índole penal, que tiene que ver con la falta de licencias ambientales para ejecutar obras en el sector de Coello Cocora y sur de Ibagué.

De acuerdo con el informe del equipo auditor, el Consorcio Cocora IBALTOL ejecutó obras para construir el puente elevado de tubería de aducción que cruza la vía Ibagué - Cajamarca, sin el permiso para el uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial. 

Desde el pasado mes de febrero el contratista le solicitó los permisos correspondientes a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sin embargo, a la fecha la entidad todavía no le habría otorgado los permisos. Esto no fue impedimento para que el contratista empezara las obras desde mayo. 

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"Es de aclarar que esta entidad mediante memorando solicitó al sujeto de control allegara los permisos con que contaba, y al analizarse lo allegado no se evidencia permiso otorgado para la ejecución en el puente 12", reza el informe de la Contraloría.

Adicional a esto, el ente de control tampoco halló las licencias ambientales, denominadas Permisos de Ocupación de Cauce (POC), que el contratista requería para intervenir afluentes de la zona desde donde conduciría tuberías hasta el tanque sur del Acueducto Complementario. 

En su respuesta, el IBAL enseñó un presunto permiso de la ANI, con fecha del 17 de noviembre del 2022. No obstante, la Contraloría insistió en que hubo celebración de contrato sin permisos ni licencias, pues el mismo fue adjudicado desde el 22 de septiembre de ese mismo año. 

"Significa entonces que no se contaba con los permisos mínimos para la celebración  del contrato de obra 144 de 2022", puntualizó la Contraloría. 

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En difinitiva la entidad tampoco encontró los POC que la Corporación Autonóma Regional del Tolima debía entregar al contratista. Con esto, el mismo habría violado el artículo 679 del Código Civil Colombiano, que prohibe ejecutar obras en zonas públicas sin permiso de la "autoridad competente".