El lunes 13 de marzo funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía General de la Nación, se tomaron las instalaciones de la Contraloría Municipal de Ibagué. La diligencia generó tensión en el Palacio Municipal. 

Los funcionarios llegaron hasta el lugar para recolectar material probatorio, lo que generó el malestar de la contralora Edna Margarita Murcia, quien lo expresó así a través de un comunicado a la opinión pública. 

La funcionaria, a propósito, aseguró que los investigadores del CTI no dejaron ver la orden judicial que autorizaba la diligencia de investigación.

"Esta entidad (Fiscalía) no puede pronunciarse sobre quien profirió la orden judicial ni cuál es el objeto de la misma, debido a que los funcionarios no permitieron el acceso al contenido material de la orden a la cual le estaban dando cumplimiento", explicó la Contraloría. 

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Sin embargo, la contralora contó en qué se basaron las actividades investigativas del CTI. "Durante la diligencia se solicitó información de hojas de vida de funcionarios de la entidad, copias de información financiera y se solicitó la inspección física al vehículo blanco de la entidad, el cual fue dado de baja por las directivas de la Contraloría en el año 2021", apuntó. 

La diligencia se produjo tres meses después que el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, denunció públicamente extorsiones de la contralora Murcia contra su administración. Además, el alcalde en su momento aseguró que el esposo de la contralora era quien de verdad dirigía los rumbos del ente de control. 

En ese sentido se pronunció también la contralora. "No importa los medios que utilicen para intimidarme, para pretender alejarme de mi familia o para buscar que se persiga a uno u otro funcionario, o para dejar de vigilarlos como es mi deber", dijo. 

En su momento sorprendieron las palabras de Hurtado en contra de la contralora, pues dicha entidad poco control ha ejercido sobre la Alcaldía, pese a las alertas de posible corrupción emitidas desde la Procuraduría General de la Nación. En cualquier caso, la contralora Murcia se negó a ejercer su trabajo bajo presiones.

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"Cuando se encuentre un detrimento patrimonial público será investigado y perseguido. Pero cuando las cosas se estén haciendo bien, que no esperen que la presión judicial, o de la opinión pública me va a obligar a perseguir en vano a quien nada mal ha hecho", sentenció.