El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, alzó la voz para solicitar al Ministerio de Salud la revisión urgente de las resoluciones vigentes sobre la reglamentación y funcionamiento de las piscinas en Colombia. El funcionario advirtió que la normativa actual impone exigencias técnicas complejas que afectan de manera drástica el bolsillo de los propietarios y administradores de estos establecimientos a nivel regional y nacional.

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La inconformidad surge a raíz de un reciente documento emitido por la cartera de Salud a mediados de agosto, el cual reafirma la obligatoriedad de cumplir con nuevos marcos jurídicos e instrumentos de bioseguridad y seguridad hidráulica. De acuerdo con el pronunciamiento del secretario, estas reglas de juego terminan encareciendo sustancialmente el mantenimiento operativo, golpeando directamente a los emprendedores locales del sector turístico y recreativo.

Uno de los aspectos más críticos señalados por el funcionario es la exigencia de instalar componentes e instrumentos bajo la categoría de "homologados". Esta condición limita severamente la oferta disponible en el mercado para adquirir el equipamiento requerido, dejando a los propietarios sin opciones competitivas o alternativas de menor costo para poder cumplir la ley.

Castro reveló que, tras un análisis detallado, se detectó que únicamente tres empresas en todo el país están autorizadas para vender y distribuir estos insumos específicos. La situación genera profunda preocupación institucional, pues se evidencia un monopolio comercial que resta transparencia a las decisiones regulatorias del Gobierno Nacional y encarece de forma innecesaria los servicios.

Sumado a la poca oferta comercial, se conoció que las mismas organizaciones que asesoraron la construcción del marco normativo son las únicas habilitadas para comercializar los productos obligatorios. Este escenario ha despertado fuertes cuestionamientos sobre los posibles conflictos de interés en la redacción de dichas normas y el impacto de estas decisiones en la libre competencia del mercado.

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Castro reitera que los elevados costos económicos derivados de esta directiva están poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de las economías populares y los negocios familiares en el departamento. Por esta razón, el gobierno regional insiste en la necesidad de entablar un diálogo directo con el Ministerio para flexibilizar la norma sin comprometer la seguridad de los usuarios.