La recta final hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia se mantiene bajo máxima tensión tras un nuevo golpe de la Procuraduría General de la Nación a los altos mandos del Gobierno. En las últimas horas, el Ministerio Público notificó la suspensión provisional de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien se sumó a la lista de funcionarios sancionados por una presunta e ilegal intervención en el debate electoral.

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El detonante de la sanción ocurrió en un escenario inapropiado: la Sala de Crisis de la UNGRD. Durante una rueda de prensa convocada inicialmente para temas institucionales, Carrillo abandonó el lenguaje técnico de su cargo para asumir una postura abiertamente partidista, lanzando duros ataques contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y elogiando sin reservas la figura del mandatario Gustavo Petro.

En sus declaraciones, el ahora suspendido director justificó los temores del jefe de Estado frente al avance de la oposición, sector al que calificó como un proyecto “abiertamente fascista”. Carrillo llegó a asegurar ante los medios que era comprensible la preocupación del Gobierno cuando existen más de 10 millones de ciudadanos dispuestos a votar por una propuesta que, según sus palabras, promete "destripar a la otra mitad" del país.

Esta drástica decisión del órgano de control no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva contra la participación en política desde los cargos públicos que apenas horas antes también apartó de su puesto al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade. La rigurosidad de la Procuraduría responde directamente a la polémica nacional desatada por el propio presidente Petro, quien recientemente encendió los ánimos al publicar en sus redes sociales que se pondría “al frente” de la contienda electoral para defender su mandato.

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Ante este panorama de creciente polarización y desacato a las normas electorales, el Ministerio Público ha lanzado un enérgico y definitivo llamado de advertencia. La entidad recordó a todos los servidores del Estado que la ley les prohíbe de forma tajante usar sus investiduras para influir en los comicios, advirtiendo que continuará vigilando de cerca para garantizar la neutralidad institucional en las urnas.