Este miércoles 15 de junio, en el cuarto y último debate, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de ley que garantiza que la educación superior que se brinde en universidades e institutos públicos sea gratuita. Con la aprobación de esta ley, se espera que la educación superior sea un derecho universal y que el Gobierno garantice su cumplimiento mediante regulaciones sostenibles.

Antes de convertirse en ley, la iniciativa –que ya cuenta con el aval de los Ministerios de Hacienda y Educación–, deberá ser conciliada y luego pasar a sanción presidencial. Una de las expectativas con esta ley es disminuir la deserción académica y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

Frente a la financiación de la iniciativa, se establece que el Gobierno Nacional garantizará los recursos necesarios para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado a través del Presupuesto General de la Nación. Asimismo, se autoriza a las entidades territoriales transferir recursos que garanticen la gratuidad de la matrícula, como lo han hecho algunas gobernaciones, como la del Tolima en años recientes.

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La aprobación del proyecto de ley ha sido celebrada por distintos funcionarios a nivel nacional. Cabe señalar que el proyecto fue aprobado por unanimidad en su último debate en el Senado. La matrícula cero es una política que el movimiento estudiantil reclamaba desde las movilizaciones de 2018.

Gran noticia para Colombia. Es Ley La gratuidad educativa en universidades e instituciones de educación superior. Logró de jóvenes, profesores y ciudadanos. En el Tolima fuimos pioneros en aplicarla y un referente nacional para su implementación. pic.twitter.com/hD4JHvnvsT

— Ricardo Orozco (@Ricardo_Orozv) June 15, 2023

Otro de los incisos del proyecto indica que el Ejecutivo promoverá medidas para garantizar la permanencia y terminación de los procesos formativos de los jóvenes, priorizando grupos poblacionales en condición de pobreza extrema, víctimas del conflicto y pertenecientes a comunidades étnicas, así como la población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales, ubicados en las zonas rurales del país y que se encuentren en el Sisbén IV.