A audiencia de procedimiento verbal en la Procuraduría Regional tendrán que asistir este martes 31 de mayo, los 16 concejales que eligieron a Ramiro Sánchez como Contralor de Ibagué, quienes fueron citados por el ente de control para establecer su responsabilidad en la omisión de una inhabilidad que tenía Sánchez para ejercer dicho cargo, según el Consejo de Estado.

Adicionalmente a la omisión de la inhabilidad de Ramiro Sánchez, tema por el que han sido citados por la Procuraduría, se habla de la omisión también del respectivo concurso de méritos que se había realizado para escoger a quien ocupara dicho cargo, en el cual quedó en primer lugar en puntaje la abogada Marcela Jaramillo, hecho que no fue tenido en cuenta por 16 de los cabildantes, que extrañamente terminaron eligiendo a Sánchez, que figuraba de tercero en la lista.

Es de recordar que la queja interpuesta contra los 16 concejales en la Procuraduría, se refiere exactamente a la inhabilidad de Sánchez al haber este desempeñado el cargo de rector de la ESAP en el Tolima, y no por el mecanismo que se utilizó para la elección, situación que efectivamente también fue cuestionada por el Consejo de Estado. (Ver: Consejo de Estado ratificó decisión de tumbar elección de Contralor de Ibagué)

Por dicha elección, los 16 concejales no solo podrían ser destituidos, sino que se les podría aplicar una inhabilidad por varios años; la sanción se determinaría después de que la Procuraduría establezca si la falta de los cabildantes se generó a título de dolo o de culpa, pues también en el mejor de los casos para los implicados, se podría estimar el desconocimiento de la regla, por lo que la Procuraduría establecerá si hay o no causales que los exonere de la responsabilidad en dicha falta cometida.

La diligencia verbal está basada según las normas que para este caso se establecen ante una falta gravísima como la que está señalando el Consejo de Estado, a través del auto de apertura, con base al numeral 17 artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en donde se hace referencia a nombrar, designar o elegir a una persona que incurra en causal de inhabilidad, comportamiento que efectivamente fue tipificado por la Procuraduría.

En ese sentido, los concejales al parecer pretender establecer su defensa argumentando que actuaron de buena fe, ya que efectivamente desconocían de la inhabilidad de Ramiro Sánchez, puesto que la universidad CUN, encargada del proceso, era la que debía advertir sobre la existencia de dicho impedimento del funcionario elegido, luego de analizar los documentos solicitados para el concurso de méritos.

Igualmente los concejales han señalado que no van a posesionar a Marcela Jaramillo y que se recurrirá a un recurso de aclaración ante el Consejo de Estado para impedir la llegada de la funcionaria que ganó el concurso de méritos en el ente de control, pese a que fue la única profesional que obtuvo un resultado superior a los 80 puntos. 

Sin embargo, en días pasados el concejal Pedro Mora del partido de la U, le pidió a la mesa directiva del Concejo de Ibagué posesionar como nueva contralora de Ibagué a Marcela Jaramillo. “Ya el Consejo de Estado se pronunció e indica que se le debe dar posesión a quien ganó el concurso y fue Marcela Jaramillo”. El concejal Mora afirma que la designación de Marcela Jaramillo se debe hacer en el mes de junio, en el marco de las sesiones ordinarias como lo indica la ley y el Consejo de Estado.

Es de recordar que quienes dieron su voto positivo a la elección de Ramiro Sánchez como contralor, pasando por alto el concurso de méritos que había ganado Marcela Jaramillo y que tendrán que comparecer ante la procuraduría provincial son: Camilo Delgado, Jorge Bolívar, Carlos Andrés Portela, Carlos Andrés Castro, Linda Perdomo, Humberto Quintero, Harol Lopera, William Rosas, Juan Ávila, Ernesto Ortiz, Víctor Hugo Gracia, Hasbledy Morales, Oswaldo Rubio, Marco Tulio Quiroga, Víctor Ariza y William Santiago Molina. Los únicos concejales de Ibagué que no fueron citados son Martha Ruiz, Pedro Mora y Luis Alberto Lozano, ya que ellos se abstuvieron de votar por Ramiro Sánchez.

Este proceso, que tiene "enredados" a 16 concejales de Ibagué, fue inciado por el abogado Wilson Leal Echeverry, en representación de la ganadora del concurso de meritos Marcela Jaramillo. El profesional del derecho, que también fue quien inició el proceso que terminó "tumbando" también la elección de Julián Prada como Personero de Ibagué, ha argumentado en reiteradas ocasiones que en el caso de la Contraloría, ya se han aportado un sinnúmero de pruebas, entre ellas los contratos celebrados por el entonces director regional de la Esap, Ramiro Sánchez, dentro del periodo de inhabilidad, los cuales fueron 160, cuyo lugar de ejecución fue Ibagué. 

Leal Echeverry también ha sido reiterativo en que los entes disciplinarios deben tener en cuenta la medida cautelar que tiene que ver con el análisis de la forma en que se llevó a cabo el concurso y de cómo se cambiaron las normas a último momento para forzar la designación de Ramiro Sánchez, a pesar de que este no obtuvo el puntaje aprobatorio que si obtuvo Marcela Jaramillo.

En ese sentido, el procedimiento a seguir sería que la mesa directiva del Concejo de Ibagué presidida por Juan Ávila, proceda a nombrar a Marcela Jaramillo como contralora de Ibagué, tal y como lo ordena el Consejo de Estado y a su vez pagar la indemnización por los salarios dejados de percibir por Jaramillo.

Personero electo anunció tutela contra el fallo que lo destituyó

Al igual que sucedió con la elección del Contralor de Ibagué, en diciembre de 2016 fue confirmada por parte del Consejo de Estado de la sentencia de primera instancia que decretó la inhabilidad del personero electo de Ibagué Julián Prada, por haber este tenido contratos con el Incoder a menos de un año antes de su elección para ejercer dicho cargo.

Frente a este proceso que también ha sido duramente cuestionado, el Concejo de Ibagué ha argumentado que se realizará un nuevo concurso para designar nuevamente a quien se desempeñará como Personero de Ibagué. Sin embargo, el personero electo y posteriormente destituido, Julián Prada, anunció la radicación de una acción de tutela por supuesta vulneración a sus derechos fundamentales. La tutela fue aceptada por la sección primera del Consejo de Estado que deberá pronunciarse de fondo sobre el tema.

Dicha elección, es otro tema adicional por el que también enfrentarían un nuevo proceso los concejales que eligieron a Julián Prada, omitiendo también la inhabilidad que este tenía para ser elegido. Por ahora sólo queda esperar al desarrollo este martes, de la primera diligencia concerniente a las irregularidades en la elección del Contralor.