Por Humberto Leyton

Además de los exagerados incrementos en los recibos de los servicios de agua y alcantarillado, que en algunos casos sobrepasa el 50 por ciento, ahora por la ‘genialidad’ de un despistado concejal, le quieren agregan un cobro de mil pesos por recibo para todos los estratos.

Acudiendo a la sentencia popular, se podría decir que el palo no está como para cucharas. Por un lado, las facturas de cobro de los servicios de agua y alcantarillado, correspondientes al mes de enero han llagado con un incremento hasta más del 50 por ciento en los distintos estratos sociales.
Según las quejas de los usuarios afectados, al hacer el reclamo por el exagerado incremento ante las oficinas del IBAL dispuestas para estos casos, la respuesta es: en su casa, local comercial o apartamento se aumentó el consumo por arte de magia en tantos metros cúbicos, y eso hace que los costos del servicio se hayan elevado.

Estas son alzas tramposas, disfrazadas de incremento en el consumo, no autorizadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), que si bien es cierto, a través de la resolución 39 de 2024, y por razones del fenómeno de “El Niño”, establece el consumo complementario, aún no ha entrado en vigencia y solo hasta después del mes de febrero podría cobrarse este consumo, pero solo si supera los 26 metros cúbicos de consumo  en ciudades de clima templado como Ibagué, localizadas entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar. 

De tal manera que no existen razones legales valederas para que el IBAL utilizando subterfugios, acuda anticipadamente al alza de tarifas para usuarios que nunca han superado los 13 metros cúbicos mensuales, pero que los registros los hacen aparecer como si hubiera sobrepasado este tope, solo con el fin de justificar un ilegal incremento en las tarifas.

Los 1.000 pesos de Giovanni

Y como si esto fuera poco, ahora el concejal Giovanni Martínez, del Centro Democrático, propone un impuesto de mil pesos en cada recibo, y para todos los estratos, del servicio de agua y alcantarillado del IBAL, destinado al sostenimiento y mantenimiento de los escenarios deportivos.
Este proyecto de Acuerdo, al parecer,  obedece más a intereses personales y políticos de los partidarios del exalcalde Andrés Hurtado, para continuar ordeñando el presupuesto municipal, antes que a un estudio serio y planificado que justifique tal aumento en las tarifas de un servicio público básico y fundamental para todos los ciudadanos ibaguereños.

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Pero lo más delicado y cuestionable de este proyecto de Acuerdo del concejal Martínez, es que en la práctica se constituye en un aumento de mil pesos mensuales para todas las facturas del cobro de los servicios de agua y alcantarillado que va en detrimento de los 145 mil usuarios que pagan estos servicios, una inmensa mayoría de los cuales pertenecen a los estratos 1,2 y 3.

Además, la iniciativa del concejal del Centro Democrático, se constituye en un nuevo impuesto que a través de un acuerdo le quieren imponer a la comunidad, olvidando que la única corporación facultada para crear o aprobar impuestos es el Congreso de la Republica. En este contexto, podríamos manifestar que la iniciativa del ex-boxeador Giovanni Martínez, no solo atenta contra el bolsillo de todos los ibaguereños, también contra la Constitución Nacional.

Un proyecto de Acuerdo polémico que se debe debatir a fondo.