"Árbol que nace torcido no se endereza jamás", y el frenan parece tener la razón. El miércoles pasado, 01 de febrero, el abogado Jonathan Manjares Díaz, instauró una denuncia contra el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga y el secretario de Educación Jairo Alberto Cardona Bonilla, por supuestas irregularidades en dos contratos chaleco del programa de alimentación escolar.

En efecto, según la queja del togado, presentada ante la Procuraduría Regional del Tolima,  se violaron los principios de la contratación estatal tales como: "Transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y libre concurrencia, al evadir la ley 80 1993, y suscribir el convenio No. 0058 del 19 de febrero de 2016, con la empresa Construyamos Colombia", entidad que es gerenciada  por Victoria Eugenia González Zuluaga, con sede en Pereira, por un valor de siete millones 132 mil pesos.

El objeto del contrato es el suministrito de alimentación para brindar almuerzo a estudiantes de jornada única y complemento alimentario en los 46 municipios no certificados del departamento. Este contrato se hizo a dedo en forma directa, sin tener en cuenta la convocatoria pública, sin dejar participar empresas del sector y, lo peor aún, cuando existía otro contrato vigente del 31 de julio de 2015, que se encontraba suspendido por calendario académico el 27 de noviembre del mismo año, cuyo objeto era el mismo que el anterior. Este contrato estaba a cargo de la firma Unión Temporal Nutrir Tolima, representada por Lelio Aguirre Ossa, con una duración de 95 días, y quien tasa los daños causados en 223 millones de pesos, por la suspensión unilateral del contrato, por devolución de estampillas, gastos del contrato, bodegas, perdida de alimentos, transporte y logística, entre otros.

Según los hechos que relata en la denuncia Manjares Díaz, el gobierno de Barreto, "el 27 de Noviembre de 2015, procedió a suspender el contrato No 1165 del 31 de agosto de 2015, en razón a la culminación del calendario escolar de 2015, en dicha acta de suspensión, se consignó expresamente la siguiente actividad “Reanudar la ejecución del contrato a partir del 1 de febrero de 2016, por lo tanto la nueva fecha de vencimiento será el día 26 de febrero de 2016. Quedando como se evidencia un saldo sin ejecutar (Principio de Economía)".

Pero además se agrega a ello, los antecedentes  y nexos que existen de favorecimiento por parte de la administración Barreto a la fundación Construyamos Colombia,  desde su primera gobernación cuando le otorgó contratos por cerca de 32 mil millones de pesos, al parecer por pagar favores políticos de campaña, donde también se destapó un escándalo por los mismo hecho

[caption id="attachment_4662" align="alignnone" width="800"] Jonathan Manjarres Díaz, abogado que denunciaante la Procuraduría Regional del Tolima, presuntas irregularidades en la contratación de alimentación escolar de 64 municipios del Tolima.[/caption]

Y ahora, se une el segundo contrato que favorece a la misma firma añadiendo procederes ceñidos y violatorios de la ley de contratación, según el quejoso: "El 30 de junio de 2016, la Gobernación del Tolima público la licitación pública No. 033 de 2016 para contratar el servicio de alimentación escolar para el segundo semestre de 2016, presentándose como único oferente la mencionada fundación, pues los pliegos de condiciones fueron diseñados de tal forma que favorecieran las fortalezas de Construyamos Colombia, convirtiéndose en una licitación chaleco con unas exigencias, en cuanto a indicadores financieros y requisitos técnicos de bodega de almacenamiento, desproporcionados y que solo podía cumplir esa entidad al estar ejecutando en ese momento el mismo contrato; por lo que le fue adjudicado el contrato 0700 del 17 de agosto de 2016 por valor de ($10.475.368.880,oo). Lo anterior evidencia la intención de la gobernación de favorecer a la fundación Construyamos Colombia inicialmente con una contratación directa de siete mil ciento treinta y dos millones veinte nueve mil trescientos setenta y seis pesos m/cte. ($7.132.029.376,oo). y una licitación chaleco de diez mil cuatrocientos setenta y cinco millones trescientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta pesos m/cte($10.475.368.880,oo)", dice en su alegato el aboga que denunció este contrato.

Y se pregunta el demandante algo obvio y lógico para cualquier persona: "¿Por qué  el departamento no continuo con el contrato suspendido mientras iniciaba el otro proceso contractual?"

El abogado Manjarres Díaz,  dice que la: "Conducta desplegada por el gobernador del Tolima Oscar Barreto Quiroga  y su secretario de Educación y Cultura Jairo Alberto Cardona Bonilla, constituye una FALTA GRAVISIMA,  Y A TITULO DE DOLO, toda vez que participar en la etapa contractual y precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal, la cual se encuentra tipificada en el numeral 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, que indica como falta disciplinaria gravísima participar de la actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la constitución y en la ley".

Esta denuncia confirma que en el Tolima también, el plato fuerte de la corrupción es la alimentación escolar, como en la Guajira, el Chocó, Casanare, y otros departamentos de Colombia, donde se juega con la vida y la pobreza de los niños, además que es reiterativa en otro tipo de contratos suscritos por la actual administración.