El punto agrario fue el primero que se toco en esta negociación y el único en materia de política social que contenía el acuerdo, porque ni siquiera la criminal ley 100 ni las EPS fueron mencionadas, ya que para la mayoría de colombianos este sistema de salud ha dejado más muertos que la guerrilla, por lo que se debe transformar radicalmente.

Al dejar el problema del campo en una comisión de expertos como precisan las modificaciones que se introdujeron al nuevo acuerdo, además de ser tratado el tema con la legislación vigente, quiere decir que la situación del agro colombiano quedará tal y como está, que no sufrirá ningún cambio ni modificación, que la tenencia de la tierra seguirá siendo lo mismo y que las injusticias sociales seguirán intactas; como también el abismo entre el campo y la ciudad.

Alguien dijo que para que todo quedara igual y siguiera lo mismo, no era sino nombrar una comisión y eso fue exactamente lo que pasó con esta modificación. El principal motivo por el que surgió la guerrilla de las Farc hace más de 50 años en el sur del Tolima, quedó intacto y este nuevo acuerdo no garantiza que ante el continuismo de la desigualdad en el campo y la exclusión de la inmensa masa de campesinos sin tierra, salud, educación, vivienda y verdaderas políticas agrarias de integración, no surjan nuevos grupos perturbadores del orden público, pues la mesa queda servida con los mismos platos y los mismos ingredientes que dieron origen a las Farc. Al menos, esa es la sensación que nos queda al conocer las primeras declaraciones del gobierno y las informaciones de prensa sobre el tema. Esperemos a conocer el texto completo sobre este punto, pueda que estemos equivocados.

Y aunque puntos fundamentales del anterior acuerdo sufrieron cambios substanciales, en otros se hicieron precisiones y aclaraciones, en los que tienen que ver con avances político y desarrollo democrático, lo mismo que con procedimientos en temas de Justicia Transicional, conexidad con el narcotráfico, libertad de cultos y definición de enfoque de género, listado de bienes de la Farc, facultad de la Coste Constitucional para conocer tutelas que interpongan en relación a la justicia especial; queda la percepción que en su conjunto, simplemente de que este nuevo acuerdo pide es que se cumplan la ley y las normas constitucionales que ya existen o se encuentran en tratados internacionales que ha firmado Colombia como Derecho Internacional Humanitario. Y nada más.

El resto del cumplimiento del acuerdo queda en un párrafo farragoso como que: “(…) el principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica”. De estos documentos todos los días se firman, en cada paro, huelga o movimiento donde interviene el gobierno nacional ¿pero de estos cuantos de se cumplen?

Razón tiene el negociador de las Farc Iván Márquez, cuando señala: “No llamemos esto un acuerdo de paz, sino una esperanza para la paz”. Sin embargo, Uribe pide que el nuevo acuerdo alcanzado no tenga alcance definitivo.

Esperemos que en las próximas horas o días se aclarare esta situación cuando se conozca el texto completo del acuerdo, por el momento, las reformas sociales e integrales que se tenían para el campo quedan aplazadas.