Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro integrantes de la Policía Nacional investigados por la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años, ocurrida luego de su detención en Soacha, Cundinamarca.

Los hechos se registraron el 20 de septiembre, cuando los uniformados atendieron una discusión entre vecinos en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá. Según la Fiscalía, durante el procedimiento Balanta habría recibido golpes y varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. Las agresiones presuntamente continuaron en la estación de Policía de Cazucá, donde permaneció bajo custodia.

La víctima habría manifestado dificultades para respirar y solicitado atención médica, pero su traslado a un hospital se habría demorado cerca de 20 minutos. Llegó sin respiración y con pulso débil, y horas después falleció. Medicina Legal estableció que su muerte estaría relacionada con una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas.

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La Fiscalía imputó a los cuatro uniformados por delitos relacionados con homicidio agravado y tortura agravada, con diferencias en las conductas atribuidas a cada uno: El patrullero Jonathan Alexander Giraldo Torres fue imputado por homicidio agravado a título de dolo eventual, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. El subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y el patrullero Santiago Vargas Romero deberán responder por homicidio agravado a título de dolo eventual por omisión y tortura agravada.

Por su parte, el mayor Roque Correa Yánez fue imputado por homicidio agravado y tortura agravada por omisión, además de falsedad ideológica en documento público.

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De acuerdo con la investigación, Giraldo Torres habría aplicado varias descargas eléctricas a Balanta tanto durante la aprehensión como en la estación policial. Tapiero Tique y Vargas Romero estarían implicados en agresiones físicas, mientras que Correa Yánez es señalado de permitir los golpes, no gestionar atención médica inmediata y consignar información presuntamente contraria a los hechos en los registros oficiales.

Los cuatro uniformados no aceptaron los cargos. La investigación es adelantada por la Fiscalía General de la Nación con enfoque diferencial étnico-racial.

*Realizado con comunicado de prensa de la Fiscalía