Región
Procuraduría destituye a exsecretario de despacho
Por sobrecostos en la contratación del apoyo logístico para la audiencia pública de rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Municipal 2015, se demostró que el funcionario no tuvo en cuenta en los estudios previos los precios del mercado, como indicativo del valor oficial que la entidad estatal estaba dispuesta a pagar, al señalar que el costo de este contrato sería de $18.000.000 de pesos, a pesar de que su precio promedio era de $10.608.666 pesos.
La actuación de Sánchez Sierra conllevó a que el entonces alcalde aceptara la oferta de la firma Soluciones Integrales Internacionales, y permitió un incremento patrimonial injustificado a favor del contratista incumpliendo con ello las normas que regulan el manejo de los recursos públicos y afectando las arcas municipales.
Entre las normas transgredidas se citó el numeral primero del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que establece que “los servidores públicos están obligados a (…) proteger los derechos de la entidad, (…) que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”.
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Para el ente de control se desconoció el principio de economía que señala que “con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia” (numeral 12, artículo 25, Ley 80 de 1993).
En el fallo de primera instancia la Procuraduría Provincial de Ibagué calificó la falta del exsecretario de Planeación y Obras Publicas como gravísima a título de culpa gravísima.
Contra la decisión de primera instancia se interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional Tolima.
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