A través de un fallo del Juzgado Doce Penal Municipal de Ibagué, la jueza Laura Marcela Cortés Albadán ordenó un arresto de diez días contra la alcaldesa Johana Aranda e impuso una multa de diez salarios mínimos legales vigentes. De acuerdo con el documento, la alcaldesa debería ser recluida en la sede principal de la Policía Metropolitana de Ibagué durante el tiempo establecido.

“Declarar que la Alcaldía Municipal de Ibagué incumplió la orden judicial impartida por este despacho en el fallo de tutela del 4 de noviembre de 2014, modulada mediante decisión del 7 de octubre de 2024 en favor de la señora Zoohr Fardy Acosta Castellanos y su núcleo familiar por las razones expuestas en la parte emotiva de esta Providencia”, se lee en el fallo.

El caso se remonta a 2014, cuando se le comunicó a la familia de Acosta Castellanos que su inmueble estaba ubicado en zona de alto riesgo, por lo que debía ser demolido. Ante ello, la familia, a través de una tutela, obligaba a la Alcaldía a que se les reubicara en un inmueble “digno, apto para ser habitado por siete personas”. Hasta el 31 de octubre de 2024, la alcaldesa delegó a la Secretaría de Infraestructura la reubicación de la familia; sin embargo, esto no ocurrió.

De acuerdo con el texto, la Secretaría de Infraestructura alegó haber solicitado a la accionante, Acosta Castellanos, acercarse al despacho con los documentos correspondientes a dos inmuebles “dignos para ser habitados”, pero esta no habría respondido. No obstante, en líneas siguientes, la accionante desmintió a la Secretaría, demostrando que a través de correo electrónico ya había enviado lo solicitado.

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Por su parte, el despacho judicial dio la razón a la accionante, agregando, además, que la encargada de hacer los trámites era la Alcaldía de Ibagué y no la ciudadana ni su familia. Debido a ello, y como la tutela estaba dirigida a la Alcaldía de Ibagué, en este caso representada por Johana Aranda, la sanción tendrá que ser pagada por la alcaldesa.
 
Aunque en la acción de desacato también estaban incluidas Cortolima y el IBAL, el juzgado determinó que debían ser exhortadas y la responsabilidad recaía únicamente en la Alcaldía Municipal. 

Finalmente, se ordena a la Alcaldía de Ibagué reubicar a la familia de manera definitiva en un plazo no mayor a 15 días (a partir del 12 de noviembre de 2024) y, en caso de ser un inmueble temporal, la solución de adquisición definitiva de vivienda no podrá superar los cuatro meses.