La condena fiscal es por una cuantía de 311.701.778 millones de pesos exrector  Además de Muñoz Ñungo, vincula al exvicerrector académico David Benítez Mojica; al exasesor jurídico Alfonso Andrés Covaleda Salas y al docente coordinador de doctorados en ciencias biológicas, Francisco Antonio Villa Navarro.

Los hechos están relacionados con la comisión de estudios del docente Álvaro Vejarano Orjuela, debido a que según el ente de control,  no se efectuaron las acciones de cobro en contra del docente Vejarano Orjuela para que reintegrara los dineros que fueron asignados en el marco de la comisión de sus estudios de doctorado.

La historia se remonta al año 2009 cuando la Universidad del Tolima, autorizó al docente Vejarano  la comisión de estudios para realizar su formación doctoral la cual terminaría en enero de 2012.

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El docente solicitó dos prórrogas. Una, en julio de 2012 y la segunda, también en julio pero de 2013, sin que allegara el título de doctor en Salud Animal o Producción Animal de la Universidad Nacional de Colombia.

Según la Contraloría, desde esa fecha hasta julio de 2016 transcurrió el término para que la UT declarara el incumplimiento en contra del docente a fin de que reintegrara los recursos.

Es de anotar y como se da en la mayoría de estos convenios,  la UT   financió la matrícula, libros, sostenimiento y pagó los salarios al docente Álvaro Vejarano Orjuela durante los tres años en que cursó los estudios de doctorado. 

La universidad giró  280.332.564 millones de pesos que actualizado a valor presente originó el daño patrimonial descrito, afirma la Contraloría.

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De acuerdo a la Contraloría, el hoy exrector Muñoz Ñungo no impartió las directrices para iniciar la acción y hacer efectivo el pagaré suscrito por el docente como garantía ante cualquier eventualidad.

En el caso del exjefe de la oficina jurídica,  Alfonso Andrés Covaleda Salas, se comprobó que no actuó con diligencia, pues tenía la obligación de buscar y asegurar en favor de la UT la recuperación de los dineros, a través de las acciones jurídicas que impartía el cargo. 

Con respecto al exvicerrector  David Benítez Mojica, se estableció que, como vicerrector para la época de los hechos, tenía dentro de sus funciones coordinar y vigilar las comisiones de estudio de los docentes, y aunque adelantó algunas acciones administrativas “no fueron las idóneas y efectivas” para resarcir el dinero invertido.

La Contraloría calificó esta conducta a título de culpa grave.