Región
Alcaldesa de Santa Isabel responde a investigación de la Procuraduría y explica retrasos en pagos heredados
La alcaldesa Diana Magaly Caro publicó un video en redes sociales aclarando la situación administrativa y las gestiones adelantadas por su gobierno.
Tras la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, la alcaldesa de Santa Isabel, Diana Magaly Caro Galindo, se pronunció públicamente para explicar el contexto de los presuntos retrasos en el pago de salarios y prestaciones sociales a funcionarios del municipio.
En un video difundido en redes sociales, la mandataria señaló que el proceso disciplinario no solo la vincula a ella, sino también al exalcalde y a exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda, y aseguró que la situación se deriva de obligaciones heredadas de la vigencia 2023, antes de asumir el cargo.
Según explicó Caro, al momento del empalme administrativo se encontraron cuentas por pagar superiores a los $1.160 millones, correspondientes a salarios, prestaciones sociales, primas, transferencias a la Personería y pagos al Concejo Municipal, las cuales habrían sido reconocidas oficialmente, pero sin respaldo real de recursos en las cuentas del municipio.
La alcaldesa afirmó que, pese a las dificultades financieras, su administración ha logrado cancelar más de $780 millones de esas obligaciones y que, entre 2024 y 2025, se han pagado cerca de $191 millones adicionales con recursos propios, aunque persiste un déficit cercano a los $379 millones.
Caro sostuvo que fue su propio gobierno el que puso en conocimiento de los entes de control las irregularidades detectadas durante el empalme y reiteró que existe material probatorio que respalda la actuación de su administración. “Tenemos total tranquilidad frente a la investigación y respetamos las decisiones de la Procuraduría”, indicó.
Finalmente, la mandataria hizo un llamado a la comunidad a informarse sobre el trasfondo de la situación y aseguró que su administración continuará trabajando para sanear las finanzas del municipio, atender las obligaciones pendientes y avanzar en proyectos de infraestructura y gestión del riesgo, apoyados por la Gobernación del Tolima y el Gobierno Nacional.
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