Al exalcalde Luis H. Rodríguez, la Procuraduría le reprochó la posible vulneración del principio de responsabilidad que rige la contratación pública y un presunto detrimento al patrimonio público, pues en su condición de director de la actividad contractual y designado por Coldeportes como ejecutor del proyecto y de los recursos en cuantía de $74.581.845.086, para la ejecución de 12 convenios de construcción, remodelación y adecuación de escenarios del parque deportivo, la Unidad Deportiva de la calle 42 y el estadio Manuel Murillo Toro, le correspondía asegurar y garantizar que las obras estuvieran disponibles y utilizables para los juegos nacionales y paranacionales.

Para la Procuraduría, el exmandatario no habría adoptado ninguna medida frente al incumplimiento de las obligaciones de los contratistas, a pesar de tener conocimiento del estado de las obras contratadas y de los constantes y continuos retrasos.

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También se le reprochó el que presuntamente no hubiera actuado para evitar el incumplimiento en la terminación y funcionalidad de los escenarios deportivos, aun cuando tenía el deber legal y las herramientas jurídicas para tomar las medidas administrativas, a efectos de lograr el fin perseguido con la contratación y preservar los derechos de la entidad territorial y de sus administrados, pues la delegación de algunas obligaciones en el director del IMDRI no lo eximiría de la responsabilidad de vigilar la actividad contractual bajo su cargo y dirección.

Se cuestionó al exdirector del IMDRI un presunto detrimento al patrimonio y desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, en la celebración de los contratos de obra 074, 078 y 119 de 2015 y de interventoría 86, 87 y 120 de 2015, que materializaron el objeto de los convenios interadministrativos 613, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 621 y 622 de 2014, 162, 163 y 164 de 2015.

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Para el órgano de control, los investigados tendrían la responsabilidad y manejo de la actividad contractual mediante la cual se materializarían las obras, para el mejoramiento de la infraestructura deportiva de la ciudad, la administración de bienes ajenos, es decir, de los recursos que le fueron transferidos por Coldeportes y la Gobernación de Tolima por $74.581´845.086, y del aseguramiento y cumplimiento de los fines de la contratación.

También se les cuestionó un presunto detrimento del patrimonio público por $45.340´227.582, toda vez que los escenarios no fueron terminados para la fecha de inicio de los Juegos Deportivos Nacionales, objeto primordial de los convenios suscritos con Coldeportes, la Gobernación del Tolima, el municipio de Ibagué y el IMDRI, ni con posterioridad a la culminación de los eventos.

La Procuraduría calificó las presuntas faltas de los investigados como gravísimas a título de dolo y consideró que la desatención de los deberes funcionales a su cargo pudo haber impactado negativamente los principios de moralidad, eficacia y eficiencia de la función pública.