Además del nuevo Superintendente de Subsidio Familiar en cabeza de Luis Guillermo Pérez Casas, el presidente Gustavo Petro posesionó a Daniel Rojas, como presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE; Luis Eduardo Llinás Chica, director general de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (Uiaf); Jorge Iván Bula, director de la Escuela Superior de Administración Pública, Esap; el consejero para Información y Prensa, Germán Gómez; el secretario de Transparencia, Roberto Andrés Idarraga, y el superintendente de Notariado y Registro, Roosevelt Rodríguez.

Su gabinete de ministros ya está completo con la designación de la nueva ministra de las Tic, Milena Urrutia, pero sumado a esto instaló a otros funcionaros de gobierno en entidades públicas y dependencias del Estado, entre ellos, al nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el director de la Uiaf y otros cinco funcionarios. 

El presidente Petro durante el acto de posesión de estos funcionarios les dijo que  la principal tarea que tendrán, será contra la corrupción, en ese sentido agregó que la corrupción es la fuente de financiación de las estructuras ‘multicrimen’.

Destacó en su discurso la responsabilidad que tiene la SAE. En ese orden afirmó que los bienes del narcotráfico, que estén en extinción del dominio o que ya hayan surtido ese proceso judicial, pasarán a la economía popular, y puso el ejemplo de asociaciones de campesinos o de mujeres, y cooperativas de jóvenes, entre otros. Indicó que dichos bienes pueden estar avaluados en 22 billones de pesos.

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“Aquí se va a configurar la posibilidad de que los bienes de extinción de dominio de los narcotraficantes —en su doble faceta, los ya extinguidos y los que están en proceso de extinción— pasen a la economía popular”, resaltó.

En el mismo contexto, el Mandatario hizo referencia a la cifra y al mecanismo por medio del cual se podría acceder a esos bienes. “Voy a necesitar de mucha valentía, porque se trata de que cerca de 22 billones de pesos pasen a la economía popular”, aseveró, y agregó que en este proceso está el inicio de la reforma agraria en el país.

“Hay que lograr que los bienes concebidos ilícitamente pasen a la gente del pueblo colombiano; no es cualquier cantidad, son 22 billones de pesos. Ahí está el inicio, en estos tres meses, de la reforma agraria”, subrayó.

Oposición

Asimismo, el Presidente hizo referencia a la resistencia y oposición a la implementación de este mecanismo por parte de algunos sectores en Colombia.  

“Ahora sí van a haber argumentos en contra: cuando pasaban a los amigos de los senadores no había argumentos en contra; cuando pasaban a los senadores mismos no había argumentos en contra; cuando pasaban a los testaferros del narcotráfico o del narcotraficante que los había perdido en procesos judiciales, pero que los recuperaba vía administración estatal, no había argumentos en contra”, señaló.

Concluyó: “Pero ahora, que se los vamos a entregar a los campesinos, a las asociaciones de mujeres, a las posibilidades de sedes universitarias, a las cooperativas de jóvenes para producir, entonces ahí sí van a surgir los argumentos en contra”.