Si bien al cierre de esta nota no había aún comunicado oficial por parte de la CGR, extraoficialmente se supo que entre los imputados aparecen los nombres con mucho protagonismo en la vida política y publica del país. Se trata de Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos,  Aníbal Gaviria y Alonso Salazar.

Para algunos  esta decisión podría catalogarse como un triunfo del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero debido a que ha sido el más acucioso en denunciar las posibles irregularidades cometidas durante la construción de una de las megaobras más importsntes que ha emprendido el país en su historia reciente.

La Contraloría les imputará cargos por responsabilidades fiscales por $4 billones.

Los cargos que les imputará la Contraloría tendrían que ver con fallas en la planeación y ejecución de Hidroituango tanto a Aníbal Gaviria y Alonso Salazar, como exalcaldes de Medellín, y a Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, en calidad de  exgobernadores de Antioquia.

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Según lo expuesto de manera extraoficial, la Contraloría, les imputarán cargos fiscales por más de $4 billones a los exalcaldes y exgobernadores y a otras diez personas que pertenecían a la junta directiva de Hidroituango. 

Juan Esteban Calle Restrepo, representante legal de EPM, también estáría entre los señalados.

 En el 2019 la CGR abrió un proceso contra 34 personas y contratistas por fallas en la planeación y ejecución del proyecto hidroeléctrico de Ituango, la obra que en 2018 sufrió el taponamiento de uno de los túneles de desviación y originó una emergencia ambiental y social de grandes magnitudes, además de millonarias pérdidas.

Todo indica que se darían a conocer 28 imputaciones y seis diligencias archivadas, entre ellas la de Jorge Londoño de La Cuesta, exgerente de EPM.
En 2019, la Contraloría señaló que la mayoría de inversiones realizadas en Hidroituango no se encontraban justificadas, pues eran para atender las consecuencias de “graves problemas” en la planeación y ejecución del proyecto, que se debían a la “improvisación” de los investigados.

“Esas mayores inversiones no justificadas destruyeron el valor del proyecto tal y como fue concebido desde su línea de base, generando un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo o pérdida por $2.971.400.000.000”, aseguró esa vez la Contraloría.

El ente de control revelará los nombres de los demás responsables al mediodía de este jueves durante una rueda de prensa en la que ahondará en los detalles de esta investigación.