El nombramiento de Viviana Patricia Álvarez González, como Procuradora Provincial de Ibagué, hermana de Paola Andrea Álvarez González, exgerente de Infibagué y esposa de José Barreto (excandidato a la alcaldía de Ibagué), hermano del  senador conservador Miguel Barreto, destapa nuevamente el nepotismo político que en los últimos años se ha tomado el Tolima. 

Como queda demostrado, la cuñada de un hermano del senador que la hizo nombrar en ese cargo, queda al mando de un organismo de control disciplinario que puede servir para hacer ‘jugaditas’, a favor del grupo que orientan los hermanos Barreto, si tenemos en cuenta el grado de politización con que operan estas entidades, sobre todo en el actual régimen del Duque-Uribismo, del cual es defensor a ultranza el senador Miguel Barreto, del que se nutre con toda la mermelada que le ofrece el gobierno para sostener su grupo político, y además, para que vote todos sus proyectos en el congreso, así sean lesivos a la mayoría del pueblo colombiano. 

Infortunadamente, esta repartija del ponqué burocrático se queda en pequeños grupos familiares y se excluye hasta los ‘cargaladrillos’ más obsecuentes de esos dirigentes políticos. Pero tratando de ser objetivos, hay que reconocer que no es solo la familia Barreto (Óscar y Miguel), los que practican y se benefician del nepotismo, también juegan los demás clanes familiares como el Representante del Centro Democrático Ricardo Ferro, que tiene a su hermano en la Asamblea Departamental y su esposa en la Fiscalía. 

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A esta lista, en mayor o menor grado, no escapan otros nombres de distinguidas familias políticas del Tolima, como los Jaramillo, Yepes, Gaitán, Martínez, Santos, y que decir del roscograma que al inicio de sus administraciones constituyeron el alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado y la directora de Cortolima Olga Lucía Alfonso, donde el intercambio de nombramientos de familiares fue por demás de descarado. 

En los últimos años en esta región del país, al igual que en muchas otras, ha sido costumbre que los clanes familiares se apoderen o tengan influencias en los gobiernos locales o seccionales y que los presupuestos oficiales se pongan al servicio de las mismas, tanto para contratar como para nombrar en la nómina oficial a familiares y cercanos amigos, sin mérito alguno.

El paternalismo ha sido una constante, donde el Estado funge como padre de los intereses domésticos de las familias que logran tener algún poder electoral, cuyos gastos se pagan, a través de los gobiernos, con el dinero de los contribuyentes, donde los apellidos maternos o paternos son más importantes que los méritos, las capacidades o los estudios de las personas. 

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Este nepotismo o maridaje entre funcionarios públicos con familiares y amigos cercanos y confidentes, es otro ingrediente que huele a feo y que también corrompe a la administración pública, que niega el derecho que tienen otras personas con capacidades y méritos, y que hacen de las administraciones unas fincas regentadas por gamonales electorales que desfiguran y falsean la democracia.

Estos censurables comportamientos éticos y morales son los que también han contribuido al llamado 'estallido social'.