Dentro de la mañana kafkiana sórdida, sucia,  truculenta y politiquera que se ha movido por debajo de la mesa en el proceso contra Alberto Santofio Botero, se suma ahora la de los verdaderos motivos de su libertad.

Inicialmente, esta fue presentada por algunos medios nacionales como el producto de las medidas carcelarias de emergencia tomadas por el gobierno nacional, en virtud a los amotinamientos que se registraron en varias cárceles del país, en la noche del pasado 21 de marzo y por la pandemia del coronavirus.

• Puede leer: Medidas sanitarias piden detenidos de la cárcel de Picaleña

Pero los hechos reales, según pudo establecer El Cronista.co, son totalmente diferentes. La libertad de Santofimio, fue producto de una acción de tutela que instauró el abogado Juan Guillermo Córdoba Correa, uno de los integrantes de su equipo de defensa, ante el Tribunal Superior de Bogotá, contra la juez 16 de ejecución de penas Shirley del Valle Albarracín, por violación del debido proceso; en este caso por ganarse a concederle la libertad condicional a una persona que había cumplido las tres quintas partes de la pena impuesta de acuerdo con los artículos 64 y 65 del la ley 599 (Código Penal).

• Puede leer nota relacionada: La libertaqd condicional de Santofimio nada tiene que ver con el coronavirus

La tutela fue presentada a las 11 de la mañana del 23 de marzo, y a las 4 de la tarde del mismo día, trasladada al despacho de la citada juez.

El 25 de marzo, con el alba de la mañana, el primero que notificó al país de la libertad que tendría Santofimio, fue Juan Manuel Galán, a través de su twitter, pidiendo que así como iba a quedar libre Santofimio por razones del coronavirus, también deberían quedar todos los detenidos que tuvieran más de 77 años.

Dos horas más tarde, la Juez 16 de ejecución de penas, dispuso de la libertad del exdirigente político del Tolima.

En estas condiciones saltan a la vista dos cosas: que la libertad de Santofimio no fue producto de ningún coronavirus, sino de una tutela que la juez del caso no se arriesgó a enfrentar por el alto riesgo que corría de ser sancionada, al negarse a decretar la libertad a una persona que tenía derecho desde hacía varios meses, y prefirió quitarse de encima la presión de la tutela y dejar en libertad a Santofimio, y no someterse a una segura sanción.

La juez Shily del Valle Albarracín, es considerada por algunos abogados de Bogotá, como recomendada de Leonidas Bustos, una de las cabezas del llamado cartel de la toga, quien jugó un papel decisivo para la condena de Santofimio a 24 años de cárcel.

• Puede leer: El manifiesto de Santofimio

En segundo lugar, se nota que Juan Manuel Galán, tenia primero conocimiento de los movimientos del proceso de Santofimio que los juzgados, como en este caso. Bueno esto tampoco es un secreto.

La desinformación presentada en el caso de la libertad de Santofimio, es otra muestra más, de los hilos políticos que desde la sombra, se han movido en este proceso que le resta credibilidad a la justicia y le dan la razón a los juristas y comentaristas de opinión, que piensan que el juicio por el magnicidio de Luis Carlos Galán, ha sido más político que jurídico.