Las nóminas paralelas que se han convertido en un desangre para el erario tendrían los días contados de acuerdo con la decisión que este miércoles ha compartido el presidente Gustavo Petro.

“He dado la orden en Consejo de Ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Petro.

Lo cierto es que las nóminas paralelas se tomaron muchas entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal y descentralizado. Para nadie es secreto que la modalidad de contratos de prestación de servicios hicieron crecer las plantas de personal de despachos oficiales de manera desmedida y en la mayoría de los casos injustificada.

Un ejemplo se presenta en la Alcaldía de Ibagué, hace poco El Cronista.co denunció una contratación exorbitante en lo que respecta a la contratación de abogados en apenas dos años y medio de gobierno: la cifra alcanzó los casi 11 mil millones de pesos en 400 contratos. La pregunta que algunos se hacen cuántos de esos contratos eran indispensables y cuántos de esos no?.

Las críticas a las nóminas paralelas van más enfocadas a que responden no a  criterios técnicos y de eficiencia, sino mejor a motivos clientelistas y burocráticos.

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Por el momento la discusión la acaba de plantear el presidente Petro y está secundada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien dijo que un propósito de este gobierno es acabar con la contratación a través de las OPS.

A la solicitud del presidente Petro de eliminar nóminas paralelas y todo gasto suntuario en entidades públicas, está enviando un mensaje de austeridad que para mucho ojalá en esta oportunidad se cumpla, pues en el pasado ha habido intentos en la misma dirección pero que, por falta de voluntad política, no han prosperado.

Se espera que a esta iniciativa del presidente Petro, no aparezcan sectores que á intenten ponerle palos en la rueda, pues es conocido que en buena medida la contratación de los temporales permite a cierta parte de la clase política mantener el dominio de sus fortines burocráticos.